23 de Septiembre de 2018

Chetumal

Hoteles piden ‘facilidades de pago’ en derechos ambientales

Cada estudio tiene un costo de entre cinco y 10 mil pesos.

Los hoteles con más de 100 habitaciones deben de cumplir el pago. (Ángel Castilla/SIPSE)
Los hoteles con más de 100 habitaciones deben de cumplir el pago. (Ángel Castilla/SIPSE)
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Claudia Martín/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Asociación de Hoteles del Centro y Sur del estado solicitó a las autoridades de medio ambiente flexibilidad para cumplir con la Licencia de Funcionamiento Ambiental (LFA) porque les representa una fuerte inversión.

Georgina Marzuca Fuentes, presidenta de la organización empresarial, señaló que cada estudio tiene un costo de entre cinco y 10 mil pesos, y son 10 los que deben realizar, además de los derechos estatales, que andan entre los 70 mil y 120 mil pesos, aunado a las adecuaciones que debe hacer cada hotelero.

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En febrero de 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el listado de Fuentes Fijas de Competencia Estatal que requiere, la tramitación de una LFA.

En el listado se consideran los hoteles que cuentan con más de 100 habitaciones y con tanques estacionarios de almacenamiento de gas LP con capacidad igual o mayor a dos mil 500 kilógramos y menor a 50 mil kilógramos o con manejo de combustibles, hasta una cantidad menor a 10 mil barriles.

“La mayor parte de los hoteles de Chetumal quedan fuera de la obligatoriedad, por tener menos de 100 habitaciones. Sin embargo, hay cinco socios que sí deben cumplir, pero los costos son muy elevados. Por ello estamos acudiendo a las autoridades, para que se tome consideración la situación de Chetumal y haya apoyos o descuentos. Esperamos que se logre”, expuso.

Los afectados 

Los hoteles que en el Sur del Estado alcanzan las 100 habitaciones son el hotel Los Cocos, el Fiesta Inn, City Express, Arges, y el Explorean Kohunlich.

La licencia de funcionamiento ambiental se debe tramitar ante la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) y se deberán anexar a la solicitud, la Autorización de Impacto Ambiental, Estudio de Riesgo Ambiental y el Programa de Prevención de Accidentes autorizados por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) o la Secretaría, según sea el caso, así como el Plan de Manejo de Residuos otorgado por la Sema y la licencia estatal o municipal que acredite la actividad principal del establecimiento.

“Todos esos documentos implican gasto, porque todo cuesta. Aunado está el cambio de luminarias, pintura, escalones, cristales y todo lo que nos señalen en cada uno”, refirió.

En el listado se incluye a las gasolineras; las empresas que almacenen, distribuyan y vendan gas por ductos o al por menor en cilindros y para tanques estacionarios, las escuelas de educación superior pertenecientes al sector público y privado, los hospitales del sector público y privado y los  laboratorios de análisis clínicos.

La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), es la autoridad encargada de vigilar que los establecimientos cumplan con la LFA, pudiendo imponer, como medida de seguridad, la clausura temporal del establecimiento sujeto a inspección.

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