Atrasa el Poder Judicial el caso de Lima Carvajal

El expediente no ha sido turnado al Congreso, pese a estar a sólo dos calles

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El Congreso del Estado aún está a la espera de que el Tribunal Superior turne el caso de incumplimiento del magistrado Carvajal.
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El Congreso del Estado no ha recibido el expediente del magistrado Carlos Lima Carvajal, acusado por el Tribunal Superior de Justicia de haber violado la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

A pesar de que la resolución fue aprobada por el pleno del Poder Judicial, en el sentido de enviar el caso al Congreso Local, hasta la fecha no se ha realizado, a pesar que la distancia entre ambos poderes es de sólo un par de calles.

Eduardo Martínez Arcila, presidente de la XV Legislatura, dijo que la única información que tiene el Congreso es la que se dio a conocer el pasado viernes, cuando sesionó el pleno del Tribunal.

“El Congreso del Estado no ha recibido expediente alguno que venga del Tribunal y que tenga que ver con ese tema. No podemos analizar el asunto en este momento, porque no tenemos nada oficial”, destacó Martínez Arcila.

El pasado 3 de marzo, el pleno del Poder Judicial aprobó una resolución en la que determinó que el magistrado Carlos Lima Carvajal incurrió en violaciones al Artículo 87 de la ley antes mencionada, al no presentar dentro de los 60 días naturales su declaración patrimonial inicial.

Los magistrados consideraron que dicha omisión fue totalmente injustificada, lo cual ameritaba la aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo. “Si transcurridos los plazos a que hacen referencia las fracciones I y III no se hubiesen presentado la declaración correspondiente sin causa justificada, quedará sin efecto el nombramiento respectivo, previa declaración del órgano encargado de llevar el registro de situación patrimonial”, menciona la legislación.

Sin embargo, de acuerdo con la información recabada, el presidente de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, Carlos Mario Villanueva Tenorio se ha negado a dar trámite al asunto, por haber presuntas irregularidades en el procedimiento aplicado por el Tribunal Superior de Justicia.

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