Daniel Pacheco/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que en cuanto al retiro de la concesión para operaciones de la empresa Barcos Caribe, será definido después de que se pueda conocer el dictamen final que las investigaciones de la PGR, la Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el caso.

Esto a casi 4 meses que se diera la explosión de la embarcación Caribe III, de la naviera relacionada con la familia y presuntos prestanombres del ex gobernador Roberto Borge Angulo, en el muelle de Playa del Carmen y derivaran también investigaciones complementarias por parte del Servicio de Administración Tributaria por presuntas irregularidades de la empresa.

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Y es que Gerardo Ruíz Esparza, titular de la SCT, de Peña Nieto, buscó evadir los cuestionamientos sobre las cláusulas que obligarían directamente al retiro de la concesión para operación de la ruta federal entre Playa del Carmen y la isla de Cozumel a la naviera con polémicas finanzas.

“En un momento dado el dictamen de la PGR, en el que están interviniendo Gobernación y Marina, no nosotros. Ellos tienen que emitir el dictamen para saber si se renueva o no la concesión. Están investigando lo que nosotros no tenemos facultad de hacer”, dijo Gerardo Ruíz Esparza, titular de la SCT,

Desde el pasado 2017, Barcos Caribe comenzó a ser investigada por el Sistema de Administración Tributaria (SCT) por no quedar claro el origen de los casi 300 millones de pesos con que fue creada mediante una sociedad a mediados del año 2012 y que para octubre del 2017 ya estuviera inscrita en el Registro Público Marítimo Nacional, de acuerdo al Folio 55-CT-14, gracias a transferencias bancarias no reportadas a Hacienda Federal.

Además la Aduana mexicana no permitió la entrada de dos barcos más que se tuvieron que quedar en Australia, porque no era claro los de su adquisición, en total se proyectaban cinco embarcaciones para su operación total, sin embargo, sólo tres terminaron dando el servicio hasta febrero pasado.

Cabe recordar que a partir del 25 de febrero pasado, la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspendió las actividades de Barcos Caribe porque el ferry siniestrado contaba con sus certificados vencidos Nacional de Seguridad, Nacional de Francobordo y Nacional de Seguridad Radioeléctrica, además de no tener vigente la póliza de seguro de viajeros, según el oficio 7.7.201.-215/2018.