23 de Septiembre de 2018

Quintana Roo

Barra de Abogados, trampolín político

Se debe evitar que integrantes de la agrupación de litigantes ocupen cargos públicos en el estado.

Los abogados han ocupado cargos en dependencias públicas. (Redacción/SIPSE)
Los abogados han ocupado cargos en dependencias públicas. (Redacción/SIPSE)
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Claudia Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional Asociación Civil (AC), actualmente no cumple su función primordial y tendrá credibilidad en el momento que haga señalamientos, críticas constructivas y propositivas, señaló Rafael Antonio Durán Cachón, integrante de la agrupación de litigantes. 

El también ex presidente de la Barra en el período 2004-2006, dijo que en su momento la asociación funcionaba como un ente moderador de los posibles excesos en los que podían incurrir las autoridades, y logró acuerdos para coadyuvar con las mismas para una mejor margen en la aplicación de la justicia,  y se hicieron convenios de trabajos paralelos.

El entrevistado afirmó que la Barra fue cayendo en una situación de complacencia, lo que provocó su salida de la asociación. 

Indicó que definitivamente debe evitarse que asociados ocupen cargos públicos,  y nunca usarla como trampolín para que presidentes o directivos lleguen a eso. De la Barra, sin embargo, han salido procuradores, notarios, subprocuradores, magistrados y delegados federales, entre otros funcionarios de distintos rangos.

A pesar de que en sus estatutos los asociados de la Barra, en el desempeño de un cargo público o de elección popular, gozan de sus derechos, pero no pueden ser parte del Consejo Directivo y menos tener derecho al voto en asuntos que puedan influir por el cargo que desempeñan, sí tienen voz. 

Los funcionarios emanados de las filas barristas han sido Carlos Humberto Pereira Vázquez, quien fue procurador de Justicia del Estado y coordinador de asesores del ex gobernador Joaquín Hendricks  Díaz; actualmente es titular de la Notaría número 42; Juan Daniel Caballero Corral fue consejero del Tribunal Superior de Justicia del Estado y hoy tiene la Notaría número 51; Francisco Alor Quezada, fue  alcalde de Benito Juárez, quien también cuenta actualmente con la Notaría número 73; Gabriela Lima Laurents, fue Consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como delegada federal de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Semarnat); Manuel Canto Presuel, fue Magistrado Electoral; Miguel Ángel Pech Cen, fue subprocurador de Justicia en la zona norte; Laura Susana Martínez Cárdenas, fue Segunda Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdhqroo) y directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Benito Juárez (DIF).

Un grupo de 17 abogados en 1987 decidieron crear la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional Asociación Civil (A.C.), porque observaron que la impartición de la administración de justicia dejaba mucho que desear.  Al inicio fue para defender a sus asociados y exigir a la autoridad respeto por las leyes y de todos los valores del derecho, y que la sociedad conociera el espíritu de justicia, mejorara la procuración de la misma y que el derecho se aplicara correctamente por parte de todas las autoridades, en sus diversos ámbitos.

De esos 17 litigantes continúan en la asociación Manuel Canto Presuel, quien después de 19 años vuelve a ocupar la presidencia de la Barra, e igual se encuentran dos fundadores más: Manuel Alcocer Heredia, ex presidente de la Barra y Luis Miguel Cámara Patrón, quien fuera el primer titular de la misma; el resto, por diversos motivos, se ha separado o fallecido.

Canto Presuel acepta que otros cargos que han ocupado litigantes asociados han sido en diversos grados de funcionarios, desde delegados en Benito Juárez del Registro Público de la Propiedad, hasta directores estatales de la misma dependencia.

Al cuestionarlo sobre los barristas que han hecho uso de la asociación para beneficios personales, respondió que por respeto a la profesión, sus familias y su persona, no lo puede señalar públicamente, aunque sí al interior de la Barra.

Esta agrupación es parte del Consejo Consultivo del Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano, Municipio de Benito Juárez (Implan) y forma parte de Consejo Coordinador Empresarial del Caribe.

Litigantes al interior de la Barra revelaron que en la actual presidencia se presiona a las autoridades para obtener beneficios que están fuera del espíritu para la que fue creada. Citan, a manera de ejemplo, que para una votación para un nombramiento público, el cual debería ser colegiado, entre los cuales figuraba el de la Barra de Abogados, la presidencia solicitó la delegación del Registro Público de la Propiedad para la Barra, pero al final no le fue otorgada.

En 26 años la Barra ha cobijado a un promedio de 120 abogados y el padrón actual es de 90, aunque no todos activos.

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