La aprobación de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo terminó, en lo formal, la disputa que durante más de un año mantuvieron los sindicatos de taxistas contra los choferes de Uber, pues la normatividad posibilita a estos últimos a trabajar en la entidad, y aunque aun está por verse la efectividad del llamado Instituto de Movilidad que operará a partir de 2018, en lo inmediato, quienes más perdieron en lo político son aquellos que pretendieron mantener el monopolio taxista para fines electoreros.

Pero no todos pierden, el diputado presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la XV Legislatura, Fernando Zelaya Espinosa, tuvo un avance contundente en sus aspiraciones políticas, pues lo aprobado supone el aval del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y libera al gobierno estatal del “yugo” taxista, pues acostumbrados a presionar mediante la “ayuda” en procesos electorales, los sindicatos mostraron –y seguirán mostrando, por lo menos por un tiempo– su rechazo a la medida que también fue firmada por el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila.

Las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los diputados independientes, los de Nueva Alianza (Panal) y hasta la fracción del de la Revolución Democrática (PRD) aprobaron la ley, aun cuando a este último partido pertenece el diputado Emiliano Ramos Hernández, quien aspira a la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez, y quien pretendió congraciarse con los taxistas promoviendo una reforma a la ley de transporte que fue abrogada y que criminalizaba a todos aquellos que laboraran en plataformas de transporte como Uber. La jugada no le funcionó, a ver si le alcanza para la nominación partidista.

Según ha explicado Zelaya Espinosa, el Instituto de Movilidad operará en toda la entidad y será el responsable de armonizar el desarrollo urbano y todo lo que a transporte se refiera, para lo cual deberá contar con los inspectores necesarios para evitar en el futuro enfrentamientos entre taxistas y Uber; pero además la actual Dirección de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) desaparecerá, pues la instancia creada dependerá ahora de la de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus). Eso presupone otro golpe para los Ramos, pues Alejandro, hermano de Emiliano, es el titular hasta ahora; con la reducción de atribuciones, difícilmente permanecerá en el cargo.

Con las condiciones establecidas por la norma, queda claro que Uber no será competencia sino complemento; pero además la medida impulsada por el Legislativo –insistimos, con el aval seguramente del Ejecutivo– pone orden a un tema que parecía imposible de abordar; no, no hay perdedores, por lo menos en el tema de transporte, en lo político…es otra cosa; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.