Ángel Castilla / SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Desde hace tres años, el Comité Pro Defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo dejó de recibir la ministración de recursos por 70 mil pesos mensuales, para la atención de las zonas en conflicto.

Reynaldo Blanco Baeza, pre­sidente del Comité, dijo que a pesar de la falta del dinero los integrantes de la asociación ci­vil no han dejado de brindar ayuda a los habitantes de las 191 comunidades, con recursos propios, así como en la valida­ción de documentos y pruebas para la defensa del territorio.

Tan sólo en actas notariales han sufragado 30 mil pesos durante los últimos dos años. Informó que desde 2014, durante el sexenio de Roberto Borge Angulo el comité dejó de recibir el ingreso, a pesar de las indicaciones que Gabriel Men­dicuti Loría, en ese entonces secretario de Gobierno, dio a Eliézer Villanueva Lanz, ase­sor de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en la pasada administración estatal.

“El recurso se destinó ín­tegramente a la atención de la zona, con productos básicos, material deportivo y brigadas de atención médica, entre otras actividades; desde hace tres años nos hemos mantenido con nuestros propios recursos y apoyos de empresarios”.

Blanco Baeza, agregó que el comité y la ciudadanía retoma­ron la esperanza de una defensa jurídica del territorio, pues la postura del gobernador Carlos Joaquín González, es que la de­fensa de la soberanía territorial será un tema de suma impor­tancia en la agenda de gobierno.

“Le pedimos al gobernador y a los presidentes municipa­les de Othón P. Blanco, Baca­lar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, que no dejen de atender a la ciudadanía de los límites en cuestiones de segu­ridad, servicios públicos, salud y sector agropecuario”.

El Comité Pro Defensa de los Límites de Quintana Roo, en 2014 se vio envuelto en una du­plicidad de presidencias: Tras la renuncia de Luis Ramón Vi­llanueva García, el ex gober­nador Roberto Borge intentó imponer a Alberto España No­velo, acción que los integrantes no permitieron y demandaron ante la Fiscalía por usurpación de funciones.