Buscan una ley que defienda los derechos humanos de los periodistas

Hoy se llevó a cabo el segundo foro de consulta para formular la ley con la consulta ciudadana.

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Se llevó a cabo el segundo foro de consulta para la formulación de la Ley. (Redacción/SIPSE)
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Redacción/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Con la participación de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y sociedad en general se llevó al cabo el segundo foro de consulta para la formulación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, para garantizar la protección de los derechos fundamentales y de libre expresión.

En el evento estuvo el consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Raúl Labastida Mendoza; los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos de la XIV Legislatura, diputado Sergio Bolio Rosado; y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Harley Sosa Guillén, así como la diputada presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Maritza Medina Díaz, según el boletín emitido.

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En su participación, Labastida Mendoza destacó que la iniciativa impacta en lo democrático, y que sea públicamente debatida y analizada, a fin de optimizarla con la opinión ciudadana.

“En la iniciativa se cuidan y protegen de manera innovadora los derechos fundamentales de libre expresión, opinión y pensamiento, que subyacen como garantías del trabajo periodístico, que no sólo informa, sino también da forma a la convivencia social, haciendo posible el debate democrático, la crítica y la comunicación social”, expuso.

Entre las propuestas presentadas destacan el derecho a la protección de la fuente, creación de un observatorio de agresiones a periodistas, esquemas para la adquisición de herramientas de trabajo, derecho de réplica para proteger la integridad del periodista, una Procuraduría de Defensa del Lector, del Televidente o del Radio-escucha; definiciones claras y precisas de: Periodistas, Agresiones, Libertad de Expresión y Medio de Comunicación; y la creación de un Fondo para el resarcimiento de daños materiales y morales a las personas víctimas de violaciones de derechos humanos.

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