Alejandro Castro/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Las autoridades ejidales de Alfredo V. Bonfil, perteneciente al municipio de Benito Juárez, comenzaron los trabajos para legalizar la situación de cuando menos 80 mil lotes irregulares que se encuentran en esa demarcación.

Los dueños de estos terrenos no poseen documentos con validez legal sobre la propiedad, por lo que están realizando gestiones para que estas familias obtengan títulos de propiedad y de este modo dar certeza jurídica de la tierra, luego de una serie de conflictos por la posesión de predios en la que se han visto inmersos, tras ventas fraudulentas.

Luis Martínez Rocha, presidente del Comisariado Ejidal, aseguró que cada ejidatario podrá escriturar a quien venda su propiedad, sin la mediación de las autoridades ejidales, pues alegó que eso ha propiciado casos de corrupción.

“Ya se están haciendo todos los trabajos topográficos para sacar los planos de las parcelas de cada ejidatario. Lo estamos haciendo a través de Sedetus (Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable), pero nosotros estamos poniendo a todos los técnicos y los ingenieros”, dijo.

El entrevistado explicó que dichos lotes están distribuidos en unos 32 fraccionamientos, principalmente en el área que abarca de El Pedregal a la colonia Chiapaneca, colindantes con el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Refirió que se tiene un avance del 85% en los trabajos técnicos de lotificación. A partir de eso se procederá con los trámites legales para la inscripción de los terrenos ante el Registro Nacional Agrario (RAN).

“Hay que terminar todos los planos internos para luego hacerlos visibles durante 15 días en la casa ejidal, una vez que hayan sido aprobados por las autoridades de desarrollo urbano municipal y estatal. De ahí se manda a registrar a la Ciudad de México. Cuando ya está todo eso se hace la asamblea de formalidades especiales, y todos esos planos se llevan al RAN para ya empezar a expedir títulos”, sostuvo.

Martínez Rocha aseguró que estas irregularidades se arrastran desde hace 40 y 35 años, dependiendo la zona, luego de que los terrenos fueron invadidos y los ejidatarios tuvieron que negociar la posesión de esos predios, en el mejor de los casos.