Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Quintana Roo.- Carlos Lima Carvajal, magistrado del Poder Judicial del estado y ex funcionario de Roberto Borge Angulo, perdió ante el Juzgado Quinto de Distrito el juicio de amparo mediante el cual buscaba evitar que el Congreso local pudiera someterlo a un procedimiento de destitución.

Después de más de un año de litigio legal, el juez federal, finalmente dictó sentencia dentro del juicio de amparo 483/2017, promovido en marzo del año pasado por el magistrado, designado en los últimos meses de la administración de Borge Angulo.

También te puede interesar: Denuncian a magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa

El año pasado, el Pleno del Poder Judicial determinó que el funcionario judicial violó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al incumplir de manera injustificada con la presentación de su declaración patrimonial inicial.

Según la mencionada legislación, el incumplimiento injustificado causará que se quede sin efectos el nombramiento respectivo, por lo que el caso fue turnado al Congreso local,  autoridad facultada para la designación y destitución de magistrados.

Desde entonces comenzó una batalla legal, la cual está en su etapa final con la sentencia emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en el sentido de sobreseimiento.

Cuestión de plazos

Tras la sentencia, una vez realizada la notificación, el quejoso tendrá un plazo de 10 días para interponer algún recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.

En el juicio de amparo, Lima Carvajal cuestionaba la competencia legal del Congreso del estado para conocer del asunto turnado por el Poder Judicial.

Fue el 29 de noviembre de 2016, cuando el ciudadano Alejandro Aguirre Buenfil presentó una queja en contra de tres magistrados designados por la XIV Legislatura, durante los últimos meses de la administración de Roberto Borge Angulo.

Se trata de Carlos Lima Carvajal y las  magistradas del Poder Judicial del estado Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Gourner.

Las dos últimas únicamente fueron acreedoras a una amonestación privada, al lograr acreditar que el incumplimiento no fue con dolo, mientras que Lima Carvajal no logró justificar la falta de declaración patrimonial inicial.

Antes de ser magistrado, Lima Carvajal ocupó durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, una instancia señalada por presuntas irregularidades.