El Consejo Consultivo de la Cdheqroo emitió ayer un comunicado en extremo confuso, que pretende quedar bien con dios y con el diablo pero acaba por perderse en contradicciones poco dignas de los juristas que lo postularon --y de la inteligencia de muchos periodistas--.

Hemos expresado aquí que no sorprende que Carlos Joaquín González se haya inclinado por la abrogación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo pues, como el grupo de periodistas a los que apoya para el efecto, el mismo mandatario es un agraviado --el principal, seguramente-- por las arbitrariedades y el autoritarismo de su antecesor Roberto Borge Angulo, aun cuando muchos comunicadores pertenecientes a agrupaciones formal y legalmente constituidas nos hubiésemos pronunciado por la reforma, pues ante las apremiantes circunstancias que se viven en México consideramos que no había tiempo que perder. El gobernador decidió, y ya mostró al congreso su voluntad de eliminar por completo la normativa de 2015, lo cual sucederá si no surge algún impedimento jurídico o político mayor. Tan, tan.

Pero hoy mismo la vituperada “Ley Borge” está vigente; pronto, si la voluntad gubermnamental no es contradecida por fuerzas superiores, podría dejar de estarlo. A pesar de que el gobierno presume mañosamente en la Presidencia y la Segob que Quintana Roo es uno de los seis estados en los que hay ley vigente y el mecanismo de protección está funcionando --lo que se desprende de declaraciones tangenciales de la diputada Lía Limón García y la secretaria de Gobierno de la Ciudad Patricia Mercado Ramírez, que erróneamente nos incluyen en esa vanguardia, cuando aquí en realidad el mecanismo no existe y la ley agoniza--, estamos en un intrígulis que cual hoyo negro engulló a la Cdheqroo y ahora lanza proposiciones sacadas de la constitución de Babia pronuncidas en las lenguas de la Torre de Babel.

Cuando Harley Sosa Guillén evidentemente quiere quedar bien con Carlos Joaquín y “sus” periodistas habla de apoyo total a la abrogación, aunque arriba decía “reforma”, pedía consultar a todos los comunicadores y daba palmaditas en la pompa a los periodistas que no estábamos de acuerdo con tirar a la basura el trabajo acucioso de años sólo por llevar colgado el nombre maldito de Borge. Somos o no somos.

Si el Consejo Consultivo está de acuerdo con la decisión, que tome valor, dé la cara y simplemente se pronuncie, como hizo el gobernador siguiendo sus posturas y convicciones, apoyando de paso a quienes lo siguieron en una gesta de más de ocho años, contra viento y marea, pero que no venga a darnos atole con el dedo a quienes sostenemos una postura distinta a esta que nos parece que significa --tal como indica el espíritu sobre el tema en estos agitados entornos nacionales-- un grave retroceso.

Señoras y señores: defínanse, pues, pero sin medrosas vaguedades.