Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado expidió, ayer, la nueva Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, que establece nuevos mecanismos para que los ciudadanos tengan una participación más activa en las decisiones y acciones del gobierno.

La nueva legislación establece las bases para la aplicación de figuras como el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, audiencias vecinales, la silla ciudadana, la consulta vecinal y el presupuesto participativo.

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Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, destacó la importancia de dotar a la ciudadanía de alternativas para incidir en la vida pública, al margen de los partidos políticos.

"Leyes, reglamentos y reformas aprobadas podrán ser revertidas, si la mayoría de la ciudadanía lo decide, a través de mecanismos reglamentados”, detalló Martínez Simón.

La nueva ley sustituye un ordenamiento legal de hace más de 13 años, publicada en 2005, y que a decir de la legisladora fue creada únicamente como una simulación de la democracia y la supuesta apertura hacia la voluntad popular.

"Era una ley ideada para cubrir apariencias, para aparentar una democracia eficaz, incluyente y cercana a la gente, durante un gobierno lejano a la gente y renuente con la democracia", señaló la diputada.

En la misma sesión, fue aprobada una reforma al artículo 235 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, mediante la cual se estableció el Capítulo denominado Delitos de Abogados, Defensores y Litigantes.

De esa manera, se estableció prisión de uno a cuatro años y suspensión de hasta tres años para ejercer la abogacía a quien abandone una defensa, sin motivo justificado; asiste a dos o más contendientes con interés opuestos; promueva cualquier recurso legal con el único propósito de atrasar un procedimiento, entre otros.

Otro artículo reformado fue el 123, que castiga la cobranza extrajudicial y para lo cual se establecieron sanciones de uno a cuatro años de prisión y de 20 a 200 días multa. La pena incrementará cuando se utilicen documentos o sellos falsos.