Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Juzgado Primero de Distrito determinó negar a Raúl Aguilar Laguardia, ex administrativo de la Secretaría Estatal de Salud, la suspensión definitiva de los actos privativos de libertad que pudieran ejecutarse en su contra.

El ex funcionario del gobierno de Roberto Borge Angulo, mantiene ante ese juzgado federal el expediente número 348/2018, mediante el cual pretende evitar cualquier orden de aprehensión, detención o presentación por parte de la autoridad ministerial y otras autoridades.

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“Resolución interlocutoria. Único. Se niega al quejoso la suspensión definitiva solicitada”, publicó en autos el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chetumal.

Aguilar Laguardia es uno de los cuatro ex servidores públicos señalado en una denuncia penal, presentada de agosto de 2017, por Manuel Palacios Herrera, en su calidad de titular de la Auditoría Superior del Estado.

La denuncia penal fue por el delito de peculado en agravio de los Servicios Estatales de Salud, por un monto 332 millones 271 mil 781.71 pesos, derivado de la revisión de la cuenta pública 2016.

“Se detectaron hechos que constituyen conductas presuntamente delictivas, llevadas a cabo por algunos servidores públicos del ente fiscalizado”, informó en su oportunidad la Auditoría Superior al Congreso Local.

Apenas hace tres semanas, Aguilar Laguardia perdió ante el Juzgado Sexto de Distrito el amparo 223/2018 que había promovido contra la Fiscalía General del Estado (FGE), al no comprobar la existen de los actos reclamados.

Los dos amparos mencionados, se suman a otro recurso legal, presentado ante el Juzgado Primero de Distrito en contra de la Auditoría Superior del Estado, derivado de los procedimientos resarcitorios por irregularidades detectadas en las cuentas públicas.

Además de las conductas presuntamente delictivas, la auditoría detectó en la cuenta pública 2016, presuntos daños y perjuicios al patrimonio de los Servicios Estatales de Salud, por un monto tres millones 131 mil 155.72 pesos.

En tanto, como resultado de la revisión extraordinaria y complementaria a la cuenta pública 2015, también se presuntos daños y perjuicios por 347 millones 594 mil 824.06, que deberán desahogarse en el ámbito administrativo.