Ex funcionaria de la Comisión de Agua busca revertir prisión

Ana Alicia Rivera Galera promovió un amparo admitido por el Juzgado Sexto de Distrito.

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El Juzgado penal Oral determinó dictar la prisión preventiva, a solicitud de la Fiscalía, con lo cual pasará en prisión, por lo menos cuatro meses. (Joel Zamora/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Ana Alicia Rivera Galera, ex directora de Recursos Financieros de CAPA, promovió un amparo que pretende revertir la prisión preventiva, dictada en su contra, y que la mantiene, actualmente, recluida en el Cereso de Chetumal.

El recurso registrado bajo el expediente 846/2017 fue admitido, esta semana, por el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en la capital del Estado.

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El amparo reclama actos dentro de juicio, específicamente la medida cautelar consistente en la Prisión Preventiva, dictada el pasado 3 de diciembre.

Al admitir el amparo, el Juzgado Sexto de Distrito estableció un plazo de 15 días, para que la autoridad responsable remita el informe justificativo, y estableció el 5 de enero como fecha para la audiencia constitucional.

“Las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto”, acordó el Juzgado.

La ex funcionaria de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) está vinculada a proceso por la carpeta administrativa 308/2017 integrada por el delito de peculado.

Fue el pasado 28 de noviembre cuando agentes de la Fiscalía Especializa para el Combate a la Corrupción detuvieron en Chetumal a la ex servidora pública, que estuvo en CAPA durante la gestión de Paula González Zetina.

El 3 de diciembre, tras una audiencia que duró algunas horas, el Juzgado Oral Penal determinó dictar la prisión preventiva, a solicitud de la Fiscalía, con lo cual pasará en prisión, por lo menos cuatro meses mientras se realiza el cierre de la investigación.

La ahora imputada fue vinculada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos económicos que ingresaron a la CAPA; uno de ellos por mil 73 millones de pesos y otro por 506 millones de pesos (crédito bancario).

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