Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Alrededor de 40 mil expedientes laborales en Quintana Roo quedarán suspendidas al ser transferidas al Poder Judicial, dejando en la indefensión a sus promoventes, mientras los jueces se preparan y profesionalizan, consideró Luis Maccise Saade, jurista especialista en Derecho Laboral.

El especialista impartió una conferencia en la sede del Poder Legislativo previo a la homologación de la legislación local con la federal, organizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la XV Legislatura.

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“Cuántos jueces se necesitan para desahogar estos 40 mil expedientes. Si hablamos de 40 jueces, un juez tendría que atender mil expedientes. Tan solo revisarlos y entender en que etapa procesal se encuentran”, consideró.

Para el especialista durante la transferencia entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se van a detener momentáneamente los juicios.

Ante ello consideró que lo más importante es la asignación de recursos económicos necesarios para la creación de nuevas salas y la profesionalización de los jueces.

“Todos están esperando presupuesto, porque no hay. No sabemos cuánto va a costar la implementación de nuevas salas”, destacó el conferencista.

Según lo artículos transitorios de la reforma constitucional en la materia, la implementación debe estar a más tardar en febrero de 2018, para lo cual descartó que pueda haber prórrogas a nivel federal.

A diferencia de la Sistema Penal, afirmó que los abogados están acostumbrados a la oralidad y lo único que les falta es reforzar el tema de argumentación.

“Ahora tendremos que prepararnos más en cuanto a argumentación jurídica, porque estamos viendo que en los juzgados penales constantemente el juez le  dice a los abogados que se salgan por estar perjudicando a su cliente. En materia laboral conocimientos los procedimientos y las leyes”, destacó.

José de la Peña Ruíz de Chávez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso Local, dijo que en breve comenzarán los trabajos  con miras a la actualización y homologación de la legislación local que permita materializar el nuevo Sistema de Justicia Laboral en Quintana Roo.