La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo ha sancionado a 77 funcionarios de la actual administración estatal por cometer diversas irregularidades, incluyendo actos de corrupción.

De estos 77 servidores públicos, 41 fueron inhabilitados para seguir ocupando un cargo en el aparato burocrático local.

Durante su comparecencia ante los diputados de la XVI Legislatura, Rafael Antonio del Pozo Dergal, titular de la Secoes, puntualizó que con estas acciones se demuestra que en Quintana Roo no se solapa ninguna conducta irregular.

“Pero además, el que se hayan acabado los compadrazgos y los protegidos políticos, permitió un transparente ejercicio de los recursos públicos, ya que los funcionarios tienen conocimiento de que son observados”, dijo Rafael del Pozo.

Esto, añadió, permitió que sólo el 0.43 % de los recursos públicos ejercidos en el 2019 tuvieran alguna observación, de acuerdo a las auditorías realizadas.

“Es una cifra histórica, que demuestra que el combate a la corrupción y la vigilancia del actuar de los funcionarios está rindiendo frutos, y que permite a Quintana Roo colocarse entre las cinco entidades del país que hoy tienen una política estatal de anticorrupción debidamente aprobada, publicada y aplicada”, puntualizó.

Por su parte, los diputados presentes en la comparecencia cuestionaron sobre la desaparición de la Oficialía Mayor, a lo que Rafael del Pozo respondió que éste organismo aún no ha desaparecido, sino que se ordenó su revisión, proceso que aún está vigente.

Los legisladores también le preguntaron sobre observaciones en la entrega del programa de despensas por la actual contingencia sanitaria, programa en el que se han invertido millones de pesos.

En respuesta, el titular de la Secoes puntualizó que si bien la información completa será entregada en la integración de la cuenta pública correspondiente al 2020, hasta el momento no se reporta ninguna irregularidad en su ejecución.