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Para que los campesinos no vendan sus tierras o se dediquen al cultivo de “hierba mala”. (Paloma Wong/SIPSE)
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Paloma Wong/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La crisis económica en el sector agropecuario ha provocado que algunos campesinos vendan sus tierras o se dediquen al cultivo de “hierba mala”, reconoció Marcelo Carreón Mundo, líder de la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (Unorca). 

“No tenemos que esconder las cosas, la necesidad es grande, porque no hay empleos en el campo, no hay derrama económica para dar las herramientas necesarias y esto ha ocasionado una desesperación de los productores y algunos caen en este tipo de acciones”, afirmó el entrevistado. 

Explicó que esto sólo es consecuencia de los trámites burocráticos en las dependencias federales y estatales, por la naturaleza de las propias reglas de operación y causa que los campesinos deserten de sus proyectos productivos. 

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Aunque no dio una cifra exacta, indicó que buscar recursos en las dependencias correspondientes requiere de una inversión económica que en ocasiones no tienen los propios campesinos y  los lleva a optar por otras prácticas a pesar de ser peligroso para ellos y sus propias familias.  

“Tenemos un caso reciente en Felipe Carrillo Puerto por la parte norte, fue detenida una persona por llevar marihuana"

Dijo que a la fecha sólo tienen el reporte de una persona detenida por este tema en Felipe Carrillo Puerto, pero consideró que pudieran haber más, sólo que no se dan a conocer. 

“Tenemos un caso reciente en Felipe Carrillo Puerto por la parte norte, fue detenida una persona por llevar marihuana, hasta ahora es lo que me he enterado. De otros casos no me he enterado, además de que no vendrán a decirlo. Pero repito, la pobreza los obliga hacer cosas que no quieren hacer, para evitar quedarse sin comer”. 

Para que los campesinos no vendan sus tierras o se dediquen al cultivo de “hierba mala”, detalló que es necesario modificar los apoyos, principalmente los que están dirigidos a las zonas marginadas.  

En su momento, la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) llevaba a cabo una investigación para detectar a campesinos que hacían estas prácticas ilegales.       

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