Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Ejidatarios de Solferino, municipio de Lázaro Cárdenas, accederán a sus títulos de propiedad sobre un total de dos mil 100 hectáreas, tras más de tres años de juicio ante los tribunales.

Octavio Islas Colín, representante jurídico del Ejido, dijo que con los títulos de propiedad, a través de un proceso de aparcelamiento, cada ejidatario determinará el uso y destino de esas tierras.

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Aseguró que trabas burocráticas, falta de conocimiento, así como abogados abusivos, además de funcionarios corruptos no habían permitido resolver las demandas presentadas hace más de tres años.

Afirmó que una vez tomado el caso por parte del despacho Isla Colín y Asociados, se destrabo la situación en tan solo tres meses como se encuentra asentado en la resolución Jurídica DRAN/QROO/JUR-84/408/2014.

“Hemos avanzado y pasado de un círculo vicioso. Ahora ellos van a tener, en fechas próximas, su documentación correspondiente y de esa manera poder despegar turísticamente su zona”, mencionó el abogado del despacho Islas Colín y Asociados.

El ejido enfrenta ante del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, un juicio agrario en contra de la determinación para la delimitación de sus parcelas, en una zona consideradas de alta plusvalía.

Sin embargo de acuerdo con el abogado, el tema ha quedado resuelto por lo que en los próximos meses, más de 206 ejidatarios podrán tener certeza sobre la posesión de esas tierras.

“Los títulos son de diversos puede ser de uso común, urbano, o parcelario, este último es lo que se está haciendo, y luego el cambio a régimen de propiedad privada. El tema ya está caminando”, afirmó Octavio Islas Colín.

Arturo Bolaños Medina, delegado de la Procuraduría Agraria, dijo que los ejidos de la zona norte del estado, constantemente presentan conflictos legales de ese tipo, sin embargo, los asuntos son atendidos a través de despachos privados, al ser ejidos con recursos económicos.

Dijo que la PA únicamente interviene, a solicitud de los ejidos que no cuentan con la suficiencia presupuestal para pagar una defensa jurídica ante los tribunales agrarios.