Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Poder Judicial trabaja en la iniciativa de reforma para establecer en su Ley Orgánica la obligatoriedad de exámenes de oposición (escrito, práctico y oral) en el proceso de designación de jueces en Quintana Roo.

Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dijo que el tema ya fue planteado al Pleno del Tribunal para su análisis y aprobación, para posteriormente enviarlos al Poder Legislativo.

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La profesionalización en la contratación de jueces, fue una recomendación del Sistema Nacional Anticorrupción, misma que fue aceptada en febrero pasado por los tres Poderes locales.

“Lo que al poder judicial le toca hacer es poner de manera expresa en su ley, es que la designación sea bajo tres lineamientos, que haya un examen escrito, uno práctico, y uno oral por jurado, eso ya lo estamos trabajando”, señaló el magistrado.

Afirmó que solo se trata de armonizar la legislación orgánica, porque los exámenes de oposición se están aplicando actualmente en la entidad, como parte de los lineamientos dentro de las convocatorias.

En ese sentido, dijo que en breve se darán a conocer dos convocatorias para la contratación de jueces para Cancún y Playa del Carmen, en materia civil y familiar, donde los exámenes de oposición serán unos de los principales filtros.

Reconoció que en el caso de Cancún se encuentra el mayor rezago en esas materias, toda vez que se cuenta con únicamente con tres jueces orales, cuando la necesidad mínima es de siete. La proyección es contratar a dos más.

En el caso de Playa del Carmen se cuenta únicamente con una juez que se encarga de los asuntos familiar y civil.

“El año pasado los jueces atendieron aproximadamente cuatro mil 500 asuntos y las audiencias obviamente no se están dando en los tiempo que deben de ser, precisamente por la falta de jueces, porque cada uno está llevando de ocho a 10 audiencias diarias”, explicó.

Uno de los principales objetivo es la reducción de los tiempos para las audiencias, que actualmente son de aproximadamente tres meses, cuando el diseño del Sistema Penal Acusatorio es para un tiempo máximo de 15 días.