Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos del Estado de Quintana Roo logró quedar firme en materia de legalidad, tras ser desechada la totalidad de los amparos promovidos desde su entrada en vigor en 2017.

A pesar de ello, el monto de recaudación logrado durante el primer año fue mínimo comparado con lo estimados, al ingresar a las arcas del estado únicamente alrededor de 40 millones de pesos, de los un total de 593.7 millones de pesos que se proyectó.

También te puede interesar: Mafia extrae de Cancún capitales y elude impuestos

Jaime Zetina González, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), dijo que en su momento fueron presentados al menos 10 amparos directos por algunas de las empresas del sector, los cuales, ya quedaron resueltos.

“Ese impuesto ya es sólido, aunque definitivamente lo que habíamos predestinado no se alcanzó por mucho. Obviamente nos afectó también el tema de los amparos”, reconoció.

El funcionario explicó que la baja en la recaudación se debió a que al principio, la Sefiplan realizó un cálculo basado en la totalidad de los ingresos de los organismos o empresas dedicadas al sector.

“Lógicamente cuando entró nos dimos cuenta que muchos de los ingresos, no necesariamente son por juegos y concursos sino por otras cosas”, señaló.

De acuerdo con el funcionario se trata de aproximadamente 17 establecimientos en todo el estado, los que se dedican al rubro de juegos y concursos, los cuales están obligados a cumplir con ese pago.

Para el este año, el Gobierno del Estado estima recaudar un total de 42 millones 253 mil 695 pesos, según la Ley de Ingresos 2018 vigente.

El mismo documento, publicado en el Periódico Oficial del Estado, señala que entre las estrategias previstas para este año para mejorar la recaudación económica, está una mayor presencia fiscal en los establecimientos que tengan la obligación del impuesto dentro del territorio del Estado.

El Impuesto a las Erogaciones de Juegos y Concursos es el primero y único impuesto implementado en Quintana Roo, durante la actual administración estatal.