Libres 21 indígenas de las cárceles de Quintana Roo

Su salida de prisión forma parte del Programa de Excarcelación realizada por el gobierno.

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Las excarcelaciones permiten que ese sector de la población reciba atención jurídica, asesoría y gestoría para promover su libertad. (Joel Zamora/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Un total de 21 indígenas de Quintana Roo abandonaron las cárceles durante 2017, como parte del Programa de Excarcelación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Susana Valencia Moreno, delegada del organismo nacional, detalló que para lograrlo se pagaron alrededor de 250 mil pesos para cubrir las fianzas o caución de los presos.

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Recientemente, las autoridades iniciaron con la actualización de un censo sobre la población carcelaria indígena en Quintana Roo, para determinar cuántas personas son susceptibles de ser beneficiadas a través del programa.

“Es un número importantes de personas en condiciones no favorables que finalmente recuperaron su libertad. Para este año ya comenzamos los trabajos para continuar con el programa”, afirmó.

Las excarcelaciones de indígenas forman parte del Programa de Derechos Indígenas cuyo objetivo es que ese sector de la población reciba servicios de atención jurídica, asesoría y gestoría, así como demás acciones que promuevan su libertad.

“Este beneficio es para aquellas personas que están sujetas a proceso o sentenciado, y que se encuentre en la posibilidad de obtener su libertad, ya sea provisional o definitiva, mediante el pago de una garantía económica o la reparación del daño”, detalló la funcionaria federal.

Valencia Moreno dijo que una vez concluido el censo en curso, se identificará a los posibles beneficiarios, quienes deberán cumplir una serie de criterios, además de que se estará sujeto a la disponibilidad presupuestal.

Según las reglas de operación del programa federal, algunos de los requisitos que deben cumplir los indígenas privados de su libertad es que sean primodelincuentes; acreditar el diagnóstico socio jurídico, el cual determinará si es procedente la libertad a través de medidas cautelares.

Además, deberá tener el visto bueno de un comité conformado con por instancias como el Instituto de la Defensoría Jurídica de Quintana Roo, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la delegación de la CDI, además de las autoridades penitenciarias.

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