Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Ayuntamiento de José María Morelos se niega a devolver 6.3 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para lo cual está dispuesto a iniciar un proceso legal contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

José Baladez Chi, alcalde de José María Morelos, afirmó que cuando la administración municipal actual llegó, ya se había incurrido en una irregularidad, de utilizar recursos federales para cubrir adeudos.

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“El recursos que se descontó de las participaciones federales fue indebido, sin embargo, no nos toca a nosotros. El descuento no lo hacen en mi administración, cuando nosotros entramos recién lo habían hecho”, afirmó el munícipe.

Se trata de seis millones 328 mil 819.90 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2016, de un total de 69 millones 782 mil 300 pesos que se entregó a ese municipio el año pasado.

Los recursos estaban en una cuenta bancaria a nombre del Ayuntamiento, la cual fue embargada en septiembre de 2016, derivado de un juicio laboral y que sirvió para garantizar el pago del laudo a 11 ex trabajadores, despedidos desde el año 2002.

Derivada de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, se detectó que hasta la fecha, el Ayuntamiento no ha reintegrado el dinero, a pesar de que se trata de recursos etiquetados para determinas obras sociales.

“La cuenta bancaria ejecutora de los recursos del FISM-DF 2016 del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, estuvo sujeta a un proceso de embargo, por lo que se pagaron laudos laborales a 11 personas por 6,328.8 miles de pesos, acciones que no están consideradas en el catálogo establecido en los Lineamientos Generales”, determinó la ASF.

Ante ello, la auditoría federal remitió el octubre pasado, un pliego de observaciones al municipio entre los cuales se encuentra un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de seis millones 328 mil 819.90 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del fondo.

El presidente municipal reconoció que derivado de esa situación, varias empresas que se encargaron de ejecutar obras en materia de agua potable, alcantarillado, urbanización, mejora de vivienda y otros, no han cobrado los finiquitos.

“Ya hicimos la observación a la Auditoría Federal, en el sentido de que nosotros no permitimos ese descuento, ya estaba hecho y obviamente fue mal hecho porque es un recurso del ramo federal y quien lo autorizó es la Comisión Nacional Bancaria”, mencionó.

Dijo que el Ayuntamiento ya ha tomado cartas en el asunto para resolver el tema, si no de manera financiera, al menos de forma administrativa.

“Tenemos que demandar inclusive a la CNBV por haber autorizado un descuento a un recurso federal”, advirtió.

Los 11 ex trabajadores beneficiados con el embargo de las cuentas y que ahora pone en apuros al Ayuntamiento con la Federación, fueron despedidos durante la administración de Germán Parra López, ex funcionario del Estado que enfrenta demandas penales por millonarios desfalcos.