Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- De enero a septiembre, al menos 27 mil 547 mujeres sufrieron violencia familiar en Quintana Roo, 956 víctimas más que el mismo periodo de 2016, cuando se registraron 26 mil 591 reportes.

Según el informe sobre Casos de Violencia Familiar contra la Mujer, la Secretaría de Seguridad Pública recibió 25 mil 501 solicitudes de auxilio, a través del número de emergencias 911.

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Por su parte, la Secretaría de Salud realizó 945 reportes; la Comisión de Atención a Víctimas 346; la Fiscalía General del Estado recibió de manera directa 204 denuncias; el Instituto Quintanarroense de la Mujer turnó 278; mientras que el DIF Estatal reportó 273 casos.

De acuerdo con la relación de las víctimas con el agresor, en el 52% de los ataques el responsable fue el cónyuge o la pareja; en cuanto al lugar de ocurrencia, el 68% se registró en el interior del hogar.

Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, destacó el hecho de que los casos ya no se quedan en simples reportes sino que, recientemente, han incrementado las denuncias penales.

Durante el primer trimestre, la Fiscalía General del Estado recibió apenas 506 denuncias penales por violencia familiar, que representó el 5.7%  de ocho mil 756 reportes realizados a los números de emergencia en ese periodo.

En contraste, desde la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Especial, a finales de junio pasado, se han abierto dos mil 900 carpetas de investigación relacionadas con delitos contra la mujeres.

“Hemos visto un incremento en las denuncias derivadas de violencia. Nosotros atendemos 22 tipos de delitos, desde la violencia familiar, la trata de personas, y todo lo referente al feminicidio. Para nosotros se trata de la confianza que nuevamente está teniendo la mujer para acudir a interponer sus denuncias”, mencionó la entrevistada.

Quintana Roo cuenta desde mediados de este año con una Declaratoria de Alerta por Violencia de Género, que obliga a las autoridades estatales y municipales a tomar acciones para reducir la incidencia de delitos contra la mujer, así como garantizar el acceso a una vida libre de violencia.