Ángel Castilla/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- A un año del actual gobierno estatal, no se han visto acciones que prioricen la defensa de la soberanía territorial estatal, declaró Reinaldo Blanco Baeza, presidente del Comité Cívico Pro-Defensa de los Límites del Estado.

Señaló que es urgente ejercer actos de gobierno y atender a los quintanarroenses de la zona en conflicto, que abarca parte de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar. La opacidad del actual gobierno, se suman los cinco años y medio del gobierno de Roberto Borge Ángulo en que no se atiende verdaderamente este tema primordial de la soberanía territorial de Quintana Roo.

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Precisó que el Comité Cívico Pro-defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo solicito a Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado, mediante el oficio10/2017 con fecha 2 de agosto que las dependencias a cargo del Ejecutivo realicen actos de gobierno en la zona en conflicto, con una superficie de cuatro mil 800 kilómetros cuadrados que constitucionalmente le pertenecen al Estado libre y Soberano de Quintana Roo.

“Permanentemente recorremos la zona, realizamos actividades, pero no hemos visto acciones por parte de nuestras autoridades, no se atiende verdaderamente este tema primordial de nuestra soberanía territorial”.

Blanco Baeza, indicó que el comité también solicito a Luis Torres Llanes y Alexander Zetina Aguiluz, presidentes municipales de Othón P. Blanco y Bacalar, respectivamente, que dentro de la  jurisdicción quintanarroense realicen actos de gobierno y atención a las comunidades ubicadas en la zona de conflicto con el vecino Estado de Campeche.

Las solicitudes se realizaron mediante los oficios números 11/ 2017, a Othón P. Blanco y el oficio número 12/2017, a Bacalar, ambos, con fecha 16 de agosto de este año.

Recientemente, Francisco López Mena, secretario de Gobierno, dijo que se analiza quién iniciará el proceso jurídico para retomar la controversia constitucional de la defensa de los límites con Campeche, si el Comité Cívico Pro-Defensa de los Límites de Quintana Roo o el Gobierno del Estado, para evitar pase lo mismo que con las dos controversias presentadas con anterioridad: sean archivadas.