Desde que se puso en operación el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, siete de cada 10 delincuentes del fuero común que son arrestados en Quintana Roo, recobran su libertad en menos de 36 horas.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado, en el 2018 se iniciaron tres mil 675 carpetas de investigación por delitos relacionados con el robo en sus diferentes modalidades (con violencia, a negocio, a casa-habitación).

De este grupo, dos mil 890 fueron arrestados, ya sea en el acto o mediante orden de aprehensión.

Sin embargo, de las personas detenidas dos mil 123 quedaron libres a las pocas horas.

Las razones de este fenómeno son varias, señala el informe “El nuevo Sistema de Justicia en México”, de la Cámara de diputados: desde que los policías siguen deteniendo a los sospechosos sin que exista flagrancia, motivo o sospecha fundada, o por tardar en ponerlos a disposición del ministerio público.

En cuanto a los arrestos por robos, si el ladrón regresa los artículos puede evitar la cárcel. En la mayoría de los casos evade la acción de la justicia porque la parte acusadora no presenta una formal denuncia.

En su oportunidad, Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que el problema no recae en los jueces, sino en la falta de capacitación del personal de investigación: en tres de cada 10 veces, los agentes del ministerio público no integran de manera correcta los expedientes.

Para el representante de la suprema corte es un “exceso” el que se califique al Sistema Penal Acusatorio como “la puerta giratoria” que permite la liberación de delincuentes.

En el caso de Quintana Roo, el nuevo sistema de justicia penal se generalizó en todo el estado en el año 2016, que consideró opciones como la justicia alternativa, donde se pueden establecer acuerdos reparatorios, porque para las autoridades el espíritu de ese sistema es garantizar la reparación y la justicia a las víctimas.