Ángel Castilla/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Un total de 11 denuncias más serán las que la Síndico del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, presentará ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de ex funcionarios, antes del 30 de septiembre.

Marcela Rojas López, síndico municipal, informó que la mayoría de las denuncias a presentar, serán en contra de ex funcionarios de la Tesorería, en la administración de Eduardo Espinosa Abuxapqui.

También te puede interesar: Ex funcionaria de administración de Abuxapqui objeta inhabilitación

Dijo que la Contraloría de la comuna les turnó 16 expedientes de la administración municipal anterior en los que se detectaron anomalías y por consiguientes, las observaciones correspondientes, para que se determine si se procede de manera penal o administrativo.

“Se determinó que 11 son de carácter penal, en su mayoría por desempeño irregular de la función pública, mismas que ya fueron turnadas al equipo jurídico para la integración de las carpetas y presentar las denuncias ante la FGE; se prevén anteponer tres, antes de finalizar agosto y las demás en septiembre”.

Agregó que a pesar de que cada área tuvo fechas diversas en el proceso de entrega-recepción, la administración municipal actual, se fijó como fecha límite el 30 de septiembre para presentar las denuncias en contra de los ex funcionarios municipales.

Rojas López, indicó que las otras cinco carpetas fueron devueltas a la Contraloría para que sean procesados como faltas administrativas, porque las anomalías detectadas en las áreas de Fiscalización y Tesorería, fueron documentos faltantes para solventar pequeños faltantes, que por el monto no alcanzan a ser catalogados como faltas de tipo penal.

Por su parte, Miguel Ángel Palomo Tuyub, Contralor en Othón P. Blanco, precisó que las posibles sanciones administrativas a los ex funcionarios son: apercibimiento privado o público, amonestación privada o pública,  suspensión en el puesto, cargo o comisión; destitución en el puesto, cargo o comisión; sanción económica e inhabilitación para desempeñar algún puesto, cargo o inhabilitación que se imponga como consecuencia de una comisión en el servicio público.

Explicó que cuando el acto u omisión que implique un lucro al servidor público o cause daños o perjuicios a la administración pública, la inhabilitación será de uno a 10 años si el monto de aquellos no excede de doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual vigente en la entidad (dos mil 294.90 pesos), y de 10 a 20 años si excede de dicho límite.