CHETUMAL, Q. Roo.- Los diputados de Quintana Roo eliminaron los privilegios fiscales a los inversionistas del sector de casinos, que ellos mismos aprobaron en diciembre pasado, después del rechazo ciudadano a esa medida que pretendía promover la apertura de más casas de juego en el estado.

El 2 de enero, Novedades Quintana Roo expuso el regalo “navideño” que los legisladores autorizaron a los casinos, específicamente para las nuevas inversiones mayores a 40 millones de pesos, que iban a estar exentos del Impuesto sobre Juegos y Concursos durante este 2020.

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Por unanimidad, los legisladores aprobaron la iniciativa que deroga el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos 2020 de Quintana Roo, que exenta del pago del impuesto a los nuevos casinos que se instalen en la entidad.

Sin embargo, los diputados del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron que se aclare la forma en que fue aprobado en primer lugar, toda vez que mantienen su postura de que "no sabían" que había sido integrado al dictamen final.

"Los diputados del PAN confiamos en el trabajo del presidente de la Comisión Legislativa de Hacienda, el diputado del Partido Verde, José de la Peña Ruiz de Chávez. Por eso no esperábamos que incluyera de último momento un artículo que tenga un impacto de tal magnitud", dijo la coordinadora de la bancada panista, Atenea Gómez Ricalde.

En el mismo sentido se pronunció el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Pedro Pérez Díaz, quien puntualizó que este tema aún debe ser abordado en las reuniones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), a fin de evitar que se den situaciones similares en un futuro.

Por su parte, José Luis Toledo Medina hizo hincapié en que es aplaudible que la alianza Morena-PT-PVEM haya demostrado la voluntad para dar marcha atrás a este artículo, sin embargo, exigió que se realice una investigación interna a fin de fincar responsabilidades.

Por su parte, la diputada de Morena, Linda Saray Cobos Castro, pidió que la Jugocopo considere que ninguna iniciativa debe ser aprobada sin tener un análisis previo de al menos 24 horas del dictamen final.

Mientras que la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Reyna Durán Ovando, aseguró que esta situación no debe ser considerada un revés para la XVI Legislatura, "sino la prueba de que estamos tomando en cuenta la opinión ciudadana, que no aprobó este punto, y por eso lo derogamos de inmediato".