Encarcelados 255 indígenas en el estado de Q. Roo

Alrededor del 88% son maya hablantes y 12% de diversos grupos étnicos del país,

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La población carcelaria de la entidad fue estimada en tres mil 600 reos, has diciembre de 2017. (Joel Zamora/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Un total de 255 indígenas de Quintana Roo pasan sus días en centros de reclusión del estado, sujetos a un proceso penal, según el último censo realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Hasta diciembre pasado, la población carcelaria de la entidad fue estimada en tres mil 600 reos, principalmente en Cancún y Playa del Carmen, según las autoridades penitenciarias.

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De ese total el 7 % corresponde a población indígena, casi en su mayoría únicamente habla una lengua indígena, reveló el reporte de la CDI.

De acuerdo con la información, la mayor cantidad de indígenas privadas de su libertad se encuentra en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún, con 92; seguido por la Cárcel de Playa del Carmen, con 74.

En la Cárcel de Felipe Carrillo Puerto existe una población de 35 personas; en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, otras 35; mientras que en la Cárcel de Cozumel se encuentran recluidos 19 indígenas.

Susana Valencia Moreno, delegada de la CDI detalló que a través del programa de intérpretes se brinda asesoría a las personas para dar seguimiento a sus casos.

“De manera constante existe un seguimiento, cuando la persona únicamente habla su lengua indígena o no habla al 100 % el español se brinda el servicio de intérpretes ante las instancias que llevan sus casos”, explicó la funcionaria federal.

El 88 % de la población carcelaria indígena de Quintana Roo (224 personas), es de origen maya hablante, mientras que el 12 % restante corresponde a ocho grupos étnicos de otras partes del país.

Se trata de 11 de origen tseltal (sic. Inali), ocho tsotsiles (sic. Inali), cuatro de origen ch’ol, tres zoques; y cuatro más que pertenecen a los grupos mam, náhuatl, tojolabal y zapoteco.

De acuerdo con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las autoridades están obligadas a garantizar el derecho a la adecuada defensa, a través de intérpretes judiciales al momento de las audiencias.

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