Chetumal: Roban y venden arena extraída de las costas y fondo marino de Quintana Roo

Más de 100 toneladas de arena fueron traficadas de manera ilegal hacia los Estados Unidos.

|
(Paola Chiomante/SIPSE)
Compartir noticia en twitter
Compartir noticia en facebook
Compartir noticia por whatsapp
Compartir noticia en twitter
Compartir noticia en facebook
Compartir noticia por whatsapp

Entre enero y mayo de este año, al menos 120 toneladas de arena fueron robadas de las playas de Quintana Roo, para ser traficadas de manera ilegal hacia los Estados Unidos o para rellenar el frente de los complejos hoteleros, afirma una serie de denuncias presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Las zonas más afectadas se encuentran en el conjunto condominal Puerto Cancún; las playas que se encuentran a 14 kilómetros de las ruinas de Tulum; Punta Cocos, en Holbox y otro en la zona continental de Isla Mujeres, cerca de Isla Blanca, según las quejas.

En años pasados el despojo se realizaba durante la noche, para ocultar el trabajo de enormes máquinas que dragan la arena. Ahora el despojo se realiza a plena luz del día, aprovechando que durante la contingencia sanitaria se redujo de manera significativa la presencia de turistas y de las autoridades ambientales”, detalla una de las denuncias identificadas con el número 08/2020.

De acuerdo con ese documento, el 80 por ciento se traficó hacia el vecino país del norte, vendida a un precio de 80 dólares el metro cúbico, y donde este material es utilizado para crear desde hormigón, hasta teléfonos celulares, micro chips, vidrio, cosméticos, computadoras y todo material que necesite dióxido de silicio, el mineral que se obtiene de la arena.

Por la venta de este recurso, se estima que se obtuvieron ingresos ilegales por más de 2.3 millones de dólares. Sin embargo, la cifra podía ser mucho mayor, ya que esas mismas organizaciones, entre las que se incluye “Vida Verde Quintana Roo” aseguran que sólo se ha descubierto el 10 por ciento de estas extracciones.

“La mayoría se llevan a cabo en zonas alejadas de la civilización, donde no es posible verificarlo hasta que el daño ya fue hecho”, señalan.

Para evitarlo, “Vida Verde Quintana Roo” desde hace dos años sobrevuela drones en las costas de la entidad, lo que les ha permitido encontrar al menos tres puntos donde se han detectado robo de arena:

Uno a casi 2 kilómetros al sur de Boca Paila, en Tulum; otro a 6 kilómetros al norte de Puerto Aventuras y el tercero cerca de El Cuyo. Y aunque entregaron esta información a la Profepa, hasta el momento no les han informado sobre alguna acción.

Dentro de las denuncias está incluida la extracción de área que se realiza entre Cancún e Isla Mujeres para rellenar las playas del complejo Puerto Cancún, firmado por Gerardo Solís, presidente de la Defensoría Internacional de los Derechos Humanos de Quintana Roo A.C.

Ese mismo caso también fue denunciado por el ambientalista Wilberth Esquivel, quien documentó el dragado de arena en la zona frente a Isla Blanca, presentando toda la evidencia fílmica a la Profepa. En respuesta, recibió un oficio SGA/DGIRA/DG/07707, en el que la Profepa se limitó que la extracción estaba autorizada por la Semarnat a favor de la empresa FRBC-PC-CLUB DOS, S. de R.L.V. de C.V.

La autorización no tiene fecha de caducidad, “con el propósito de mejorar y estabilizar la zona de playa frente al desarrollo hotelero SLS".

Al respecto, el diputado presidente de la Comisión Legislativa de Turismo en el Congreso local, Carlos Hernández Blanco, señala que esta “omisión” por parte de las autoridades federales le está cobrando caro a Quintana Roo, pues tan sólo en los últimos cinco años se tiene el registro de que más de mil 800 toneladas de arena fueron robadas de las costas y fondo marino quintanarroense.

“Al desaparecer dunas completas especies como las tortugas marinas perdieron su principal punto de desove; se agravó la erosión de las playas, costas enteras ahora son más susceptibles de sufrir inundaciones, y se pierden cientos de ejemplares de flora y fauna endémica. Por eso es incomprensible cómo a pesar de todo el daño que causa esta actividad ilegal, la Profepa no haga nada para detenerlo, y mantenga un sospechoso hermetismo respecto a las denuncias, investigaciones y posibles sanciones que se aplican en estos casos”, dice el legislador local.

Cargando siguiente noticia