Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo fue designada como Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción de Quintana Roo, cargo en la que permanecerá por un periodo de siete años, es decir, hasta el 2024.

El nombramiento se realizó por unanimidad de los legisladores que estuvieron presentes al momento de la designación. La funcionaria rindió protesta, ayer mismo, ante el Pleno del Congreso donde comprometió mano dura sin distingos de ningún tipo.

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La titular de la Fiscalía Especial de nueva creación, aseguró que la aplicación de la ley alcanzará a todos los servidores públicos que incurran en actos de corrupción, sin importar si corresponden a las anteriores administraciones o del actual gobierno.

Dijo que derivada de la legislación, las investigaciones serán con base a denuncias que realicen ciudadanos o las propias instancias de control de las dependencias, entidades u organismos.

“Todo acto que se presuma ilícito se investigará y se fincará la responsabilidad, a pesar de que sea funcionario del actual gobierno. Ya hay varios de la administración anterior, algunos ex funcionarios ya están sujetos a proceso. La premisa será aplicar la ley sin distingo de colores y sin compromisos políticos”, aseguró.

La actual fiscal especial, se desempeñó al interior del Poder Judicial, desde un cargo de juez, y estuvo en su momento sujeto a un procedimiento, por supuesto acto de corrupción, por la liberación de un detenido relacionado con el crimen organizado, que incluso llegó a una suspensión.

Ahora en calidad de Fiscal Anticorrupción, acusó al ex presidente y actual magistrado del Poder Judicial, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, de encabezar una serie de actos de presión para intentar incidir en las decisiones de los jueces por lo que no descartó una investigación al interior de ese Poder.

“De repente nos daba indicaciones de liberar o no liberar a alguna persona y cuando no procedía simplemente yo me negaba a hacerlo y hubo consecuencias”, aseguró.

Aseguró tener conocimiento de una demanda penal en contra del ex presidente del Poder Judicial interpuesta ante la Procuraduría General del República, mientras que a nivel local, en caso de haber acciones u omisiones serán de competencia de la Fiscalía.