Sorprendidas: 27 obras y construcciones fueron clausuradas y sancionadas por la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo, por aprovechar la cuarentena para construir sin permiso en zonas protegidas de la entidad.

En mayo pasado, en Playa del Carmen se inició un procedimiento en contra de una empresa que pretendía talar más de mil 200 metros cuadrados de árboles en el fraccionamiento Cataluña. Incluso ya habían rellenado un cenote que se encontraba en el lugar. Además de clausurar las obras se aplicó una multa de más de 200 mil pesos.

En la misma ciudad se clausuró la construcción de un fraccionamiento cerca del Arco Vial, en marzo, por carecer de las medidas de mitigación ambiental correspondiente, además de los permisos de construcción y su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Se les sancionó con medio millón de pesos.

“En este caso particular, la empresa desarrolladora aseguró que el arquitecto a cargo les afirmó que sí contaban con toda la documentación en regla, lo cual resultó no ser verdad”, dice el procurador ambiental, Miguel Ángel Nadal Novelo.

También en marzo, en Puerto Morelos se evitó el relleno de 20 hectáreas de manglar en la zona costera para la construcción del hotel El Cid. Sin embargo, para este caso se trabajó en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ya que es su competencia. Sus promotores enfrentan un expediente penal ante la Fiscalía General de la República.

También en esa ciudad, en mayo se evitó el relleno ilegal de un predio en una zona protegida. La multa ascendió a 80 mil pesos. 

La mayoría de las clausuras de obras por daño ambiental fue en la zona norte de Quintana Roo

En  ese mismo mes también se evitó la destrucción de 14 hectáreas de mangle y humedal para la creación de un asentamiento irregular en Mahahual. El procedimiento aún se encuentra en su etapa resolutiva.

Miguel Nadal puntualizó que aunque clausuraron o detuvieron dichas agresiones al medio ambiente, no fue sino hasta este mes cuando iniciaron los procesos sancionadores, ya que por disposición oficial todos los trámites administrativos fueron suspendidos por la contingencia sanitaria desde marzo hasta septiembre.

Además de que el 80% de estos casos sucedieron en la zona norte de la entidad, por lo que la PPA tuvo que mantener un trabajo constante de vigilancia en la zona, a pesar de encontrarse en contingencia sanitaria.