13 de Diciembre de 2017

Quintana Roo

Hay más ceses en la Cofepris por extorsión

Tres extrabajadores son investigados por actos de corrupción, cobros indebidos y daño patrimonial.

Los comercios de comida son los más propensos a sufrir extorsión. (Jesús Tijerina/SIPSE)
Los comercios de comida son los más propensos a sufrir extorsión. (Jesús Tijerina/SIPSE)
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Edgar Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Van ocho inspectores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), incorporada a los Servicios Estatales de Salud (Sesa), que han sido dados de baja y tres son sujetos a investigación por cobros indebidos y actos de extorsión contra comercios semifijos de alimentos en Benito Juárez, como fue el caso de Antonio N, ex verificador e inspector en la Coordinación Zona Norte, aprehendido el pasado 11 de julio, por el delito de fraude en agravio de Adriana N, según consta en la carpeta de investigación FGE/QR/BJ/07/9360/2017, informó Miguel Alejandro Pino Murillo, titular de la dependencia.

“No se hace ni una sola verificación sin ninguna orden, el contribuyente puede verificar que en las órdenes se encuentren los datos del lugar, así como su domicilio y que el inspector porte una credencial acreditada vigente”, detalló el funcionario.

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La Dirección de la Cofepris, a través de las Coordinaciones Sur, Centro y Norte, verifica, inspecciona, supervisa y sanciona a poco más de 25 mil contribuyentes en activo en Quintana Roo, mediante un plantilla de 26, 12 y 25 colaboradores, respectivamente, responsables de visitar establecimientos en sus diferentes tipos y modalidades. Al Sur se cubre Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco; Centro comprende a Solidaridad, Tulum y Cozumel, y Norte atiende a Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.

Sin embargo, a la fecha se les ha dado de baja a ocho excolaboradores adscritos a las tres coordinaciones de la entidad y tres son sujetos a investigación para fincarles responsabilidades administrativas y penales por actos de extorsión, corruptelas, cobros indebidos y daño patrimonial, en ese sentido, Pino Murillo aseguró que estas indagatorias obedecen principalmente a “errores” detectados en actas de levantamiento o notificaciones, que en un principio se presumía falta de capacitación o conocimiento de actividades inherentes, y en segundo lugar, las quejas o reportes que emiten los contribuyentes, motivo por el cual exhorta a la población víctima de algún tipo de ilícito comunicarse al teléfono 884-18-92 o en su caso acudir a las oficinas, en función que el personal no está facultado para recibir dinero en efectivo.

El mayor número de incidencias en actos de corrupción, extorsiones y cobros indebidos se registran en Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, ante la densidad de población y número de contribuyentes, en ese sentido, Pino Murillo refirió que pretende erradicar “malas prácticas y vicios arraigados de pasadas administraciones” por medio de auditorías al trabajo de campo de su fuerza laboral, es decir, 63 inspectores son sujetos a revisión en materia de ”chequeo de órdenes, material de trabajo, actas levantadas y de manera personal respecto a uso de credenciales y uniformes.

Lo anterior, a raíz de la aprehensión en flagrancia del exverificador e inspector Antonio N, adscrito a la Coordinación Norte, quien enfrenta cargos por el delito de fraude, según la carpeta de investigación FGE/QR/BJ/07/9360/2017, no obstante, la Dirección estatal de Cofepris en busca de que se le finquen delitos penales e inhabilite como funcionario público, hará lo propio ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de daño patrimonial.

A raíz de esta situación, la Coordinación en la Zona Norte tuvo conocimiento de otros seis establecimientos, que en un determinado momento fueron víctimas del exverificador, quien al no entregar sus credenciales al momento de ser dado de baja, permitió que al menos en 60 días continuara realizando sus corruptelas por el orden de 30 mil pesos trimestrales, sin embargo, Pino Murillo reconoció la omisión por el departamento administrativo al no recoger al momento de su despido, credenciales y documentación oficial, motivo por el cual emprendió un operativo para su localización y fue el pasado 11 de julio, en flagrancia cuando se logró recuperar el material y fincarle responsabilidades administrativas.

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