Claudia Martín/ SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- En la comparecencia de la titular del Instituto del Patrimonio e Inmobiliario y Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, no hubo mayor aportación de información a pesar de que los legisladores integrantes de la comisión de hacienda, se armaron de diferentes argumentos para cuestionar su desempeño al frente del Instituto.

Los principales cuestionamientos fueron en torno a la venta que realizó en el mes de julio del presente año de un millón 630 mil 28.63 metros, con clave catastral 90500201100001, a la empresa BP Promotions, SA de CV, en Akumal, municipio de Tulum, cuyo costo por metro cuadrado fue de 65.84 pesos.

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La diputada panista, Gabriela Angulo Sauri, cuestionó en que se basó para determinar el costo del valor del predio por metro cuadrado, por qué el contrato de compra-venta, la firma de contrato, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Título de Propiedad se obtuvo en el mismo día.

Tablas catastrales

Asimismo cuales son las tablas catastrales que valúan los precios en la zona de Akumal, que su consideración son precios en dólares y no en pesos.

A lo que Romanillos Villanueva, únicamente se limitó a decir que los precios los asigna un perito valuador asignado por el Gobierno del Estado en base a las condiciones del terreno, nombre que tuvo que proporcionar tras la insistencia de los legisladores. El perito valuador  fue Juan Pablo Ongay Esquivel con número 80.

Otro tema bastante cuestionado fue el tema la reserva del estado la titulación de más de 300 predios de la reserva del estado, pues estaban interesados en conocer los nombres de los beneficiarios, sí había o no funcionarios públicos, y cuál fue el precio que se marcó por metro cuadrado.

Y aunque en un principio, Romanillos aseguró que no se beneficio a ningún funcionario público con la venta de esos terrenos, antes de que culmine la comparecencia señaló a Alondra Herrera Pavón ex directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), e incluso mencionó a Miguel Ramón Martin Azueta y a Francisco López Mena, aunque este último dijo solo fue un tema de regularización. Se comprometió a enviar los nombres de los 300 beneficiarios a los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta.