Chetumal.- Los habitantes de los poblados Felipe Ángeles y Caña Brava, ubicados en la zona limítrofe con Campeche, esperan la resolución de un juzgado federal, con la que buscan acceder a agua potable, tras décadas de consumir agua insalubre de una aguada.

Andrés Blanco Cruz, representante legal de ambas comunidades, señaló que los pobladores de ambas comunidades aventajan en su demanda de amparo para acceder a agua potable, al igual que Guillermo Prieto, presentado ante el Tribunal Colegiado con sede en Cancún.

Informó que recientemente, por disposición del Tribunal Colegiado, un actuario del Juzgado Sexto de Distrito, dio fe de los hechos que los pobladores demandan y lo insalubre del agua que consumen.

“El actuario realizó la diligencia de inspección judicial y constató la falta del suministro de agua potable e incluso condiciones que atentan contra la salud de los pobladores, pues los habitantes usan para su consumo el agua insalubre proveniente de una aguada, tal y como lo hacían la población de San Antonio Soda, que hoy gracias a la sentencia de un juez federal, cuenta ya con agua potable”, explicó.

El Congreso ya está notificado sobre la demanda de amparo

Expresó que la XVI Legislatura del Congreso del Estado ya fue notificada de la demanda de amparo, así como de las diligencias judiciales que se llevan a cabo para que los habitantes de Felipe Ángeles y Caña Brava, tengan acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Blanco Cruz agregó que los diputados de la XVI Legislatura no solo tendrán que considerar por resolución judicial un presupuesto que garantice el servicio de agua potable en cantidad suficiente salubre y aceptable para los pobladores de Guillermo Prieto.

“Haciendo apéndice a la supuesta disposición que ha mostrado Gustavo Miranda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), por mejorar la calidad de vida de las comunidades limítrofe, tanto Felipe Ángeles y Caña Brava también tendrían que contar para el próximo año con recursos para acceder a este derecho y no sea a través de un mandato judicial”.