Ahora resulta que la permanencia de UBER en Quintana Roo será decisión suya y mía. Que sería a través de la primera consulta popular, que la ciudadanía fallará al respecto. ¿En serio? 

A ver, suponiendo que el Congreso y el Gobierno del Estado en general, no han entendido que es vital tener una Ley de movilidad ad hoc al momento que vivimos, que permita a todos elegir la mejor opción de transporte entre varias (porque de lo contrario eso no es elegir) y en función de los intereses de cada quien, una ley que obligue a las empresas a ofrecer cada día un mejor servicio y de paso fomente la generación de nuevos empleos, digamos que se entiende que lo quieran someter a consulta. Y si además se trata de un afán puro y democrático de dar al pueblo el poder, venga pues, como dice Aarón Abasolo: ¡Pregúntennos! 

Pero, ¿consultar qué y cómo? ¿Quién decidirá qué preguntar y en qué contexto? ¿Quién y cómo interpretará los resultados? 

Prometer es fácil, pretender escuchar todas las voces es una costumbre política que conocemos bien, escuchar verdades a medias es el pan nuestro de cada día y manipular resultados es otro deporte que hemos visto en políticos de alto rendimiento, así que anunciar una consulta justo en estos días resulta ingenuo o maquiavélico, no sé. 

Si van a llamar a consulta y nos van a hacer votar para después asegurar que “los ciudadanos decidieron que las plataformas digitales como UBER se aceptan pero con autos de 2017 en adelante, pagándoles sólo con tarjetas platino, empleando conductores que vistan de gris para que no se les asocie con sindicato o partido político alguno, que obsequien botellas con agua de marca francesa y tras 5 servicios entreguen un boleto para la rifa de un viaje por el Mediterráneo”, mejor que lo olviden.  O se llama a una consulta seria, transparente y útil o mejor no se hace. Porque el voto debe respetarse hoy y siempre como instrumento de cambio y estamos en el peor momento para desvirtuar el voto y con ello demostrar que simplemente no hay cambio.