Fernanda Duque/SIPSE
CANCÚN.- La Fiscalía General del Estado tiene seis carpetas de investigación abiertas por robo de documentos, contra ex funcionarios de la administración de Roberto Borge, confirmó Gabriel Caamal Pérez, titular del Archivo General del Estado. 

El directivo explicó que hace dos años, durante el proceso de entrega-recepción a nivel estatal, fue detectada la ausencia de archivos que fueron incluidos dentro del inventario de documentos, por lo que advirtieron a la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) la presunta comisión de un delito. 

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“Algunos servidores públicos están en ese proceso. Se sustrajeron diferentes tipos de documentos y son tantos, que podrían ser hasta 100, de los cuales no se hizo entrega formal a los servidores públicos actuales”, dijo el funcionario. 

Al respecto del avance que se tiene en la investigación, la Secoes, informó a través de su enlace de comunicación social que, “por respeto al proceso y con el fin de no entorpecer las investigaciones, esta información se mantiene reservada”. 

Pese a esto, la Ley General de Archivos –que entra en vigor el 15 de junio de este año-, indica que quien sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo, será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil a cinco mil veces la unidad de medida y actualización. 

Caamal Pérez mencionó que, en ocasiones, durante la transición de un gobierno a otro, los servidores públicos cometen el error de llevarse los archivos, por considerarlos como futuras pruebas, en caso de alguna investigación en su contra. 

Sin embargo, el artículo 24 de la Ley del Sistema de Documentación del Estado, indica que todo documento generado en el desempeño cargo o comisión, formará parte del patrimonio documental del Estado y bajo ningún concepto ni circunstancias se considerará propiedad de quien lo produjo. 

Por lo que la norma local establece una “multa de tres a quinientas veces el salario mínimo vigente en el Estado, al cometerse la infracción, según la gravedad de la misma”.