Indemnizarían a ciudadanos por daños a su patrimonio

El congreso local dio entrada a la iniciativa para sancionar el mal proceder de servidores públicos.

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La iniciativa también busca dar a la Legislatura la facultad de expedir declaratorias de patrimonio cultural. (Benjamín Pat/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa que busca que el gobierno se responsabilice de los daños que ciudadanos sufran en su patrimonio, derivados de las actuaciones irregulares que realicen los servidores públicos.

Se trata de la iniciativa de decreto que expide la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, y que reforma y modifica diversos Artículos de la Constitución Política, del Código Civil, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, entre otros.

La propuesta de ley plantea la necesidad de que el estado y los municipios, prevean en sus presupuestos de cada año una partida especial para atender o pagar las indemnizaciones que sean necesarias por responsabilidad patrimonial.

De igual manera, los entes públicos podrán contratar seguros contra la responsabilidad patrimonial, a efecto de hacer frente a las reclamaciones.

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En su caso, la autoridad responsable deberá identificar al servidor público que haya actuado de manera irregular y cometido omisión en sus funciones, al cual se le descontará el monto de la indemnización que se haya pagado.

El derecho de los ciudadanos a ser indemnizados fue establecido en el Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entró en vigor en enero de 2004.

Algunos de los estados que ya cuentan con una legislación al respecto son Aguascalientes, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, entre otros, en donde se han destinado varios millones de pesos para cumplir con la disposición legal.

Se trata de una propuesta presentada de manera conjunta por la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Cultura y el diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión, mediante la cual se propone, entre otras cosas, otorgar a la Legislatura la facultad de expedir declaratorias de patrimonio cultural, así como el establecimiento de un procedimiento para realizar las declaratorias correspondientes.

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