13 de Diciembre de 2017

Quintana Roo

Congreso local, tras dos jueces federales de Quintana Roo

La solicitud de proceso se realizó ante el Consejo de la Judicatura Federal.

El juicio político es una facultad conferida al Congreso del Estado, para supervisar la acción de funcionarios o ex funcionarios. (Joel Zamora/SIPSE)
El juicio político es una facultad conferida al Congreso del Estado, para supervisar la acción de funcionarios o ex funcionarios. (Joel Zamora/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso Local expuso ante el Consejo de la Judicatura Federal la necesidad de analizar la actuación de dos jueces de distrito en Quintana Roo, que se considera interfieren la soberanía del Poder Legislativo.

El primer caso corresponde al Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Cancún, a cargo del juez Ciro Carrera Santiago, el cual atiende el recurso de amparo promovido por Carlos Lima Carvajal, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.

De acuerdo con la información, en ese caso, el Juzgado emplazó al Poder Legislativo para envíe, dentro del expediente en análisis, un pre dictamen de la Legislatura.

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“No hay un antecedente en el país donde el Juez pida a un Congreso que se entregue el pre dictamen, imagínate, estamos hablando del borrador del dictamen; está pidiendo que se le entregue”, detalló Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura.

En el caso de Carlos Lima Carvajal enfrenta, a través de la Comisión Jurisdiccional, un procedimiento solicitado por el Pleno del Poder Judicial; esa autoridad determinó que el magistrado incumplió de manera injustificada con la declaración patrimonial inicial, que según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la sanción es la destitución del cargo.

El otro caso corresponde al Juzgado Sexto de Distrito que preside Aarón Alberto Pereira Lizama, el cual resolvió otorgar una suspensión definitiva al procedimiento de juicio político iniciado contra Freddy Marrufo Martín, actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El ahora funcionario federal fue señalado en su momento por omisiones graves durante su desempeño como presidente municipal de Cozumel, en el periodo 2013-2016, dejando un presunto daño financiero por más de 400 millones de pesos.

Otra resolución dictada por un Juzgado de Distrito es en el sentido de establecer un plazo de tres días, para que el Congreso del Estado emita un dictamen sobre la procedencia o no de una solicitud de juicio político.

En ese caso, las legislaciones vigentes establecen un procedimiento específico para atender las peticiones de ciudadanos, además de que por ley se tiene el plazo de un año para ejercer una responsabilidad política.

“Son los casos que vamos a exponer a algunos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, porque sentimos que los jueces se han estado yendo más allá de sus atribuciones al querer intervenir o interferir en las resoluciones soberanas que tiene el Congreso”, señaló el legislador.

El juicio político es una facultad conferida al Congreso del Estado, el cual busca determinar la responsabilidad política de algún funcionario o ex funcionario durante su desempeño como servidor público.

Por su parte la Ley de Amparo, cuya última reforma fue publicada en 2016, establece en la fracción VII del artículo 61 que los juicios son improcedentes contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.

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