Eva Murillo/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Integrantes del Consejo Asesor de Yum Balam enfrentarán a las autoridades ambientales federales para pedir una explicación de por qué no tomaron en cuenta los acuerdos y los estudios propuestos para el Programa de Manejo.

Alejandro Valdés Guzmán, presidente del Consejo, comentó que en la reunión de este jueves buscarán las respuestas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) sobre la publicación que establece las reglas generales de lo que puede hacerse en el ANP.

También te puede interesar: Restricciones ambientales en Yum Balam enojan a particulares

La postura de los sectores que integran el Consejo, a excepción de los ambientalistas, es que la Comisión no cumplió con el acuerdo de tomar en cuenta las propuestas, entre ellas las de autorizar nueve mil habitaciones para la Isla Grande de Holbox y 12 mil para zona costera de Chiquilá.

En su momento, la Conanp explicó que las funciones del Consejo son únicamente “proponer, participar, opinar, coadyuvar y sugerir” en la elaboración de un programa de manejo, con base en el Capítulo IV del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas.

Los ejidatarios que se sienten afectados por la decisión de la Conanp, de autorizar solamente 800 construcciones tipo palafito, y no establecer cuántas pueden hacerse en Chiquilá, han asegurado que están dispuestos a realizar acciones sociales, pues están impedidos para sacar provecho de sus tierras.

Este jueves las inconformidades serán externadas ante los funcionarios de la Conanp en la sala de cabildo del Palacio Municipal en Kantunilkin, donde Nivardo Mena Villanueva, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, garantizó seguridad para los asistentes.

Mientras tanto, el plazo para que quienes se sienten afectados con el contenido del Programa de Manejo puedan ampararse, está a punto de vencer, toda vez que restan 10 de los 30 días con que cuentan, a partir del día de la publicación del documento.

Según el dictamen a una empresa consultora, que cobró 11 millones de pesos por los empresarios interesados en invertir en Isla Grande, concluyó que la zona podía soportar ambientalmente nueve mil habitaciones.