Presentan iniciativa de asistencia a personas con discapacidad

La diputada Susana Hurtado Vallejo propone modificaciones a la ley para fomentar un trato digno e incluyente.

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La iniciativa propone garantizar asistencia a las personas con discapacidad. (Foto de Contexto/SIPSE)
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Redacción/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, Susana Hurtado Vallejo, ha presentado una iniciativa de reformas a las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con el objetivo de contribuir a un trato digno en los procesos administrativos y judiciales de los que formen parte las personas con discapacidad

Hurtado Vallejo, explicó que si bien las leyes vigentes garantizan un trato digno a las personas con discapacidad, “en el estado de Quintana Roo, las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, pero estas leyes no son precisas en los procedimientos que deben aplicarse para tal fin”.

Mediante esta iniciativa se propone que se realicen modificaciones al artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Estas modificaciones contemplan la capacitación y sensibilización del personal de las instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia para ofrecer asesoría y representación jurídica en forma gratuita a las personas con discapacidad que estén involucradas en algún proceso judicial.

La iniciativa propone garantizar también la disponibilidad de elementos de asistencia que garanticen la comunicación y debido entendimiento con las personas con discapacidad cuando éstas así lo soliciten, como por ejemplo intérpretes de la lengua de señas mexicana. 

Las modificaciones a las leyes antes mencionadas involucran a diversas instituciones como el Consejo de la Judicatura del Estado, el Centro de Justicia Alternativa, el Instituto de Defensoría Pública y el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, además de los órganos auxiliares del Poder Judicial, para la debida atención y defensa de las personas con discapacidad.
Con información de un boletín emitido por el Congreso de Quintana Roo.

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