Edgar Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Continúa abierto el procedimiento administrativo por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes), antes Gestión Pública, a mes y medio de la suspensión provisional de Gimer Alejandro Povedano Zetina y Jesús Gabriel Mejía Sardoz, inspectores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), por actos de corrupción y cobros indebidos hacia transportistas concesionarios de carga, pasaje, foráneo y de personal, previsto el dictamen antes de que concluya el mes.

Una red de extorsiones que evidenció que por lo menos se generaba un ingreso promedio de 48 mil pesos a través de los operativos que encabezaban ocho patrullas; 60 mil pesos por tolerancia al pirataje, sólo de 40 unidades de la Federación Sindical de Obreros y Campesinos (Fesoc), y una cuota mensual de 200 pesos por unidad de transporte concesionario, como el caso de la empresa Transporte Terrestre Estatal (TTE), aproximadamente entre 190 y 240 mil pesos mensuales.

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De acuerdo con Rafael Del Pozo Dergal, quien debe ser ratificado por la XV Legislatura como titular de la Secoes, en un plazo no mayor a 15 días (fin de mes) se tendrá un informe documental sobre la investigación, integración del expediente, comparecencia y resolución a través del cual se definiría la sanción, que de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, puede ser una amonestación pública o privada, suspensión, destitución e inhabilitación, y según sea la gravedad de la falta y elementos aportados puede ir acompañada de una sanción económica.

Lo anterior, a raíz de que Gabriel Mejía, en una conversación telefónica con Alejandro Povedano, evidenció la red de corrupción al interior de la Sintra respecto a los cobros indebidos sobre particulares, los denominados “pavitos”, sin embargo, Del Pozo Dergal omitió por cuestiones de la secrecía y para no entorpecer la investigación, si Lezama González, así como los inspectores Aarón y Candelario Prado Virgen, y Rigoberto Ramírez Hernández, técnico administrativo, están sujetos a la investigación.

En su momento, trascendió que Aarón se dedicaba al cobro de la “protección” del transporte foráneo y Candelario era responsable de recibir los “apoyos” en cuanto a verificaciones, en tanto que, Rigoberto Ramírez Hernández es señalado como el hombre de confianza del delegado benitojuarense como responsable de concentrar los cobros mensuales y las aportaciones diarias.