La entrada en vigencia de la Ley para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Quintana Roo es urgente, pues no se ha ajustado la norma aprobada desde 2015, ni creado los órganos que contempla, lo que ha posibilitado el ataque desde el gobierno en contra de los dedicados a este oficio, pero también excesos por parte de los que diariamente ejercemos la labor. Y ambas situaciones deben denunciarse y terminarse.

En agosto de 2015 fue aprobada la señalada norma, a partir de una iniciativa que enviara el entonces gobernador, Roberto Borge Angulo, pero el actuar del mandatario, caracterizado por el ataque a los periodistas que de él disentimos y la compra de “líneas editoriales” de los medios de comunicación, ocasionaron que algunos colegas desconocieran la legitimidad de la ley, endilgándole, por cierto el mote de “Ley Borge.”

Sin embargo, la aplicación actual de la ley es urgente por diversos motivos, no sólo para frenar abusos gubernamentales en contra de periodistas o defensores de derechos humanos, sino porque el final del mandato de Borge Angulo permitió evidenciar irregularidades cometidas por los mismos periodistas, como que algunos de ellos tenían a su disposición policías en activo como sus guardias de seguridad, sin que alguna autoridad hubiese determinado medidas cautelares que lo justificara. Esos excesos también deben terminarse y señalarse, no sólo las agresiones desde el poder.

Antes de la aprobación de la ley quintanarroense, algunos colegas como Felipe Hernández García, Hugo Trejo Figueroa o Graciela Machuca Martínez, junto con el escribiente, manifestamos en las reuniones habituales de la asociación Periodistas del Caribe, de la cual soy integrante desde su fundación y que preside Javier Chávez Ataxca, que debía redefinirse en la norma la figura de periodista, pues lo plasmado era limitativo deliberadamente, lo que finalmente modificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio del presente año, y ante lo cual no existe ya para la actual legislatura estatal motivo para no ajustar la normativa y que el gobierno de Carlos Joaquín González cree los órganos contemplados en ella.

El gobierno de Carlos Joaquín González no termina de afinar la coordinación comunicativa con los medios, pero aseverar que es igual o peor a los abusos del borgismo es un despropósito. Apenas ha transcurrido un mes de la administración y los ataques, enfrentamientos y amenazas han provenido de algunos colaboradores, no por instrucciones del gobernante; no como signo sistemático de la actuación gubernamental, pero insisto también en que la profesionalización de la relación requiere de instrumentos normativos que eviten los excesos de ambas partes; que se sancionen las malas actuaciones desde el poder, pero se acaben también los periodistas intocables y con guaruras como privilegio.

El Congreso quintanarroense revisa aun las cuentas del borgismo, aprobará luego el paquete fiscal y la reforma al Poder Judicial, pero el ajuste a la ley para la protección de periodistas representa una necesidad en este arranque de administración; no se trata de “pieles sensibles”, sino que los asuntos de esta naturaleza no deben distraer la actividad gubernamental, sino remitirse a las respectivas instancias; pero por ahora falta crearlas.

La entrada en vigencia de la señalada ley, similar por cierto a las que ya existen en 16 estados de la República Mexicana, no aminorará las duras críticas periodísticas, ni la reacción de dos o tres “impolutos” que califican el ejercicio periodístico como la mera búsqueda del “chayo”, pero sí evitará que el golpeteo mediático derivado de esas agresiones señaladas recientemente sea interminable, si se atienden a través de denuncias concretas ante instancias especializadas, que hasta ahora hay que crear; ahí la opción para la XV Legislatura y para Carlos Joaquín González que se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.