Jueces están en la mira del crimen organizado

El año pasado, dos funcionarios del Poder Judicial recibieron protección especial.

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El año pasado se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública protección para un Juez y un Secretario de Cancún. (Daniel Tejada/SIPSE)
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Enrique Mena/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- En 2018, a un Juez y un Secretario de Acuerdos del Poder Judicial del Estado les fue asignada seguridad policíaca personal tras recibir amenazas por parte de la delincuencia organizada.

En enero del año pasado, un Secretario de Acuerdos fue asesinado a balazos, al parecer a manos de la delincuencia organizada.

José Antonio León Ruíz, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura; reconoció que el año pasado se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) protección para un Juez y un Secretario de Cancún, que recibieron amenazas de grupos delictivos; hasta el momento ningún Juez de Chetumal, Cozumel o Playa del Carmen ha recibido intimidaciones y aseguró que la impartición de justicia seguirá su curso.

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La medida precautoria de asignar agentes policiacos para el cuidado del juzgador se implementó para evitar que la amenaza verbal por la vía telefónica o algún mensaje en la vía pública, trascienda a agresiones físicas, incluso de muerte, como ocurrió a principios de ese año.

La posibilidad que juzgadores se relacione con procesos de delitos cometidos por personas del crimen organizado, puede derivar en intimidación para cambiar el resolutivo o sentencia a favor del imputado.

Sí ha habido algún tipo de incidentes menores, los hemos atendido y brindar la seguridad a nuestro personal, nuestra labor es de riesgo pero no por ello la tenemos que dejar de hacer, cumplir con la impartición de justicia, en mi caso tampoco he recibido alguna amenaza”, afirmó León Ruíz.

En Quintana Roo hay 95 jueces distribuidos en los Juzgados de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, que saben que su actividad es de riesgo, aunque impera la legalidad e impartición de justicia.

En otro tema, explicó que de 2017 a la fecha, 419 personas han obtenido su libertad de las cárceles en la entidad como parte del programa de Abatimiento de Rezago Penal, que obtuvo una sentencia absolutoria, compurgado, pre liberaciones.

En cuanto a la Reforma Laboral, se debe esperar a que la Cámara de Diputados y Senadores haga lo propio para que también se reforme a nivel local; hasta el momento no hay recursos asignados, aunque se estima en 94 millones de pesos para su implementación; por lo pronto se encuentran en la etapa de capacitación de personal.

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