Cuando la emoción de estrenar un vehículo se convierte en estrés

Alrededor de 14 mil capitalinos se han visto obligados a vender o rematar sus unidades por insolvencia económica.

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Encuestas revelan que 22 de cada 100 automóviles son rematados por insolvencia financiera. (Enrique Mena/SIPSE)
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Enrique Mena/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- En Othón P. Blanco, el 35 por ciento de quienes poseen un automóvil, es decir alrededor de 14 mil ciudadanos, optan por la venta o remate de la unidad para adquirir otra de menor costo o utilizar otro medio de transporte que resulte menos costoso, ya que en la actualidad los servicios mecánicos y combustibles resultan incosteables.

Otra alternativa es recurrir a la devolución a las agencias automotrices al verse imposibilitados de continuar subsanando mes con mes los pagos del crédito adquirido.

En Quintana Roo, se estima que es el 17 por ciento de los propietarios que recurre a la misma práctica por insolvencia financiera, todo ello a consecuencia de la crisis financiera que se viene arrastrando desde el año 2010.

Incluso, los tradicionales tianguis y lotes rechazan la compra de vehículos costosos y de modelos recientes pues darles salida resulta casi imposible en el mercado local.

Encuestas practicadas por el Consejo Ciudadano revelan que 22 de cada 100 propietarios de automóviles los rematan por insolvencia y 13 de cada 100 que tienen un crédito automotriz les son embargados, haciendo un total de 35 por ciento en Othón P. Blanco.

Lo anterior reproduce un panorama aproximado de 14 mil de 40 mil propietarios de automóviles en Othón P. Blanco los pone en venta, devuelve o le es requerido por la agencia automotriz.

Las cifras que proporciona el Consejo Ciudadano en Quintana Roo denotan la realidad que se vive hoy en día respecto a la falta de liquidez y solvencia en las familias, aún teniendo fuentes de empleo formal. Al parecer, sólo los “pudientes” se pueden dar el lujo.

"Desconocen que al solicitar un crédito automotriz deberán pagar hasta tres veces el valor real (de contado)".

La presidenta de esta organización a nivel estatal, Carmen Patricia Palma Olvera, explica que en la actualidad adquirir un automóvil es adquirir también una deuda, que aunque es una herramienta de trabajo, una forma práctica de transportar al usuario, también lo inmiscuye en un estado de estrés al no contar con liquidez para cubrir los gastos resultantes.

Generalmente la persona desconoce que al solicitar un crédito automotriz deberá pagar hasta tres veces el valor real (de contado), ya que la acumulación de intereses onerosos termina envolviéndolo en un mar de deuda.

El salario promedio de un burócrata de nivel promedio es de hasta 10 mil pesos al mes; el pago mensual de la unidad, por ejemplo, oscila entre dos mil 500 y cuatro mil pesos, quedando apenas para gastos de alimentación, educación, salud, entre otros y que, al haber un ahorcamiento financiero, opta como última medida rematarlo, para comprar uno de menor precio o buscar otro medio de transportación.

El delegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) en Quintana Roo, Rafael del Moral González, subraya que constantemente acuden a este organismo personas que mantienen un crédito de este tipo para solicitar asesoría legal o para signar algún acuerdo en las formas de pago para “desahogarse” del problema.

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