Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Legisladores locales avalaron una serie de Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2016, en las que únicamente se detallaron irregularidades encontradas de enero a septiembre.

Como parte de la revisión, el titular de la Auditoría Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, detalló a los diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, la información sobre irregularidades, principalmente por dos mil 427 millones de pesos en la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo.

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Los datos corresponden a las denuncias penales presentadas, desde el mes de agosto de 2017, en contra de 35 ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedaru), así como de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

El monto anunciado en esa ocasión fue de más 11 mil millones de pesos, contra 84 ex servidores públicos, incluyendo entidades públicas y ayuntamientos.

De igual manera, se determinó continuar con procedimientos resarcitorios en contra de ex servidores de la Sefiplan por un monto de 305 millones de pesos, que corresponden a observaciones que hasta el momento no han sido solventadas.

En el caso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Cuenta Pública arrojó presuntas irregularidades por 10 millones de pesos, correspondiente a la adquisición de materia prima para la preparación de alimentos en comedores comunitarios, de la cual, no se entregó documentación que compruebe la entrega de esos apoyos.

En el encuentro se aclaró que la mayoría de esas irregularidades correspondieron al período enero-septiembre de 2016, que encabezó la administración de Roberto Borge Angulo, preso en una cárcel del centro del país.