Edgardo Rodríguez/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo. La situación de los más de 15 mil socios de la Caja Crescencio A. Cruz experimentó un giro radical al anunciarse que podrán disponer de sus ahorros, pero perderán los dos mil pesos aportados de inicio para integrarse a esa sociedad; la deducción es calificada de ilegal por el Colegio de Abogadas de Quintana Roo.

La representacióne statal del Colegio de Abogados Litigantes confirmó que los ahorradores están sujetos única y exclusivamente a los términos del contrato que firmaron con la sociedad cooperativa. En la copia del contrato de uno de los socios no figura alguna cláusula que justifique retenciones o descuentos con respecto al capital social, por lo que se anticipan denuncias masivas en contra de la sociedad cooperativa o de la caja de ahorros Crescencio A. Cruz si persiste en retener las cuotas.

Una vez que salió a la luz pública la adhesión de la Caja Cresencio A. Cruz a la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, Caja Popular Mexicana, que costaría a los socios la retención del 30 por ciento de sus ahorros y que además tendrían que esperar hasta 12 meses para disponer de ellos, los ahorradores se manifestaron defraudados.

Sin embargo, la mañana de ayer hubo nuevas disposiciones y los ahorradores que acudieron a la sucursal de la Caja Crescencio A. Cruz, ahora parte de Caja Popular Mexicana, tuvieron conocimiento de que ahora sí podrían tener acceso al 100 por ciento de los recursos ahorrados ante la sociedad cooperativa.

El desencanto llegó cuando también se les informó que el monto de dos mil pesos que pagaron para poder pertenecer a la sociedad de ahorro y préstamo, es decir, su capital social, ya no lo podrían recuperar, en vista de que este dinero fue aportado cuando pertenecían a la Federación Sistema Coopera.

Una de las socias que se vio afectada y que alzó la voz para denunciar estos atropellos fue Laura Verónica Acevedo Sel, quien precisó además que tendrán que esperar hasta después del día 30 de mayo para que el dinero sea otorgado.

El Colegio de Abogadas de Quintana Roo detalló que existe una ley para este tipo de sociedades, pero sólo sirve para regularlas y no para la manera en cómo se manejan y administran, puesto que para ello existe un contrato que se hace de manera personal entre la persona interesada y la sociedad. 

Por lo tanto, dijo, este contrato es un convenio entre ambas partes (Sociedad y persona física) mismo que se debe respetar bajo las cláusulas que se estipulen en el documento signado.

Una vez dentro de la sociedad, la persona tiene derecho a voz y voto en asamblea, por lo que al cambiar de administración de la Federación Sistema Coopera a la Caja Popular Mexicana, se tuvo que informar a los socios y pedirles su opinión para que este fuera aprobado por la mayoría. Al no hacerlo se estaría violentando los derechos de los socios.