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Los riesgos graves al ambiente fueron denunciados principalmente por la ciudadanía. (Ángel Castilla/SIPSE)
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Claudia Martín/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Los procedimientos administrativos de Protección al Ambiente que se iniciaron en 2015 y que quedaron pendientes por acciones legales promovidas por las empresas involucradas en su defensa deberán concluirse este año.

Javier Cárdenas Rivero, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) en Quintana Roo, precisó que en 2015 realizaron 200 inspecciones a igual número de empresas de alto riesgo, atendieron 24 denuncias por daños ambientales e iniciaron 100 procedimientos administrativos de los cuales la mitad concluyó en sanciones y el resto están en procedimiento.

Explicó que los expedientes del año pasado permanecen abiertos porque las áreas jurídicas de las empresas tomaron acciones legales para evitar ser sancionados.

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“Las resoluciones administrativas que incluyeron multas fueron por poco más de seis millones de pesos a empresas locales, aunque no todas, y dependió del daño cometido”.

Agregó que los actos u omisiones que causaron daño o representaron riesgos graves al ambiente fueron denunciados principalmente por la ciudadanía y como parte del procedimiento se inició con las inspecciones a los establecimientos.

“Las empresas que se consideran de alto riesgo son gasolineras, bancos de materiales, construcciones, gaseras, asfalteras y hoteles, lo que derivó en 100 procedimientos administrativos ambientales; 50 fueron concluidos en ese mismo año”.

Cárdenas Rivero, señaló que, entre sus facultades, la opción de llegar hasta la clausura y suspender las obras o actividades y, en su caso, solicitar la revocación y cancelación de las licencias de construcción y uso de suelo cuando se violenten los criterios y disposiciones de la Ley Ambiental.

Seguimos recibiendo denuncias por la afectación de agua, suelo, flora silvestre y forestal, por efectos de coordinación interinstitucional y facultades de la normativa ambiental, en promedio unas 10 a 12 denuncias por mes”. 

Agregó que para este año, la Procuraduría dispondrá de 12 millones de pesos, y aunque no se han considerado proyectos específicos para este año, se trabajará intensamente en las inspecciones y verificaciones ambientales a las empresas consideradas de alto riesgo.

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