Edgar Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- A pesar de que existen 18 carpetas de investigación por la Fiscalía General del Estado (FGE), conforme al Código Penal ninguno de los delitos que se persiguen en contra de la pasada administración es de prisión preventiva para el exgobernador Roberto Borge Angulo, según el fiscal Miguel Ángel Pech Cen.

De esos 18 expedientes, sólo seis se han judicializado, de estos, un Juez de Control del Poder Judicial del Estado otorgó órdenes de aprehensión contra exservidores públicos del periodo 2011-2016.

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“Ninguno de los delitos que se presentaron, denuncias, son de prisión preventiva oficiosa, ninguno, ni siquiera el peculado, ni desempeño irregular de la función pública, eso quiere decir que no es un delito grave como lo de antaño lo tenía y que conforme a los procedimientos que se están señalando en el sistema de justicia penal la Fiscalía hará las pertinencias y las estrategias legales adecuadas en el momento oportuno en que estas diversas órdenes sean ejecutadas y cumplidas sin importar quién sea y cuándo sea”, detalló Pech Cen.

Lo anterior, en el marco de la reunión de trabajo que sostuvo con integrantes de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social (Amdtps) respecto a “Gestión de la Fiscalía General del estado, avances y retos”.

Ahí reconoció que otro gran cuestionamiento y demanda ciudadana es la detención del exgobernador Borge Angulo, sin embargo, detalló que el exmandatario “tiene abogados y mucho dinero para seguir corrompiendo algunas autoridades”, como ningún delito que se persigue es de prisión preventiva se hará lo pertinente en el momento justo, ya que “todo acusado tiene derecho a la defensa en forma correcta”.

Sin embargo, a pesar de que exfuncionarios han sido vinculados a proceso aún prevalecen amparos promovidos por parte de los presuntos inculpados en contra de la ejecución de órdenes de aprehensión, detención, localización, presentación o arraigo, tanto para las averiguaciones previas que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) como las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía de Quintana Roo.

“Sí, por supuesto hay amparos promovidos y estamos en el Poder Judicial, en el juzgado de Distrito, combatiendo también con elementos necesarios para llegar a la judicialización definitiva a través de la vinculación a proceso que marca la ley, en el sistema tradicional se llamaba la formal prisión”, apuntó.

Hasta este momento seis de esas 18 carpetas iniciales han sido judicializadas con sus respectivas órdenes de aprehensión, motivo por el cual elementos de la Policía Ministerial se han instalado en Ensenada y Estado de México, en espera de la suspensión definitiva del amparo para proceder conforme a la ley.

“Ninguna carpeta de investigación está siendo olvidada ni rezagada, todas requieren la información financiera experta e incluso de la Comisión Nacional Bancaria”, refirió.