Ángel Castilla/ SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Las reclamaciones en contra de las empresas Construremo del Sureste e Internacional Capital Center (ICC) aumentaron a 128 durante el 2016; 94 más que el año pasado cuando contabilizaron 34 demandas en su contra.

Zazil Rodríguez Pedraza, encargada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Chetumal, informó que ambas casas de préstamos abandonaron la ciudad capital; la primera tiene 78 reclamaciones y hasta la fecha no han logrado ubicar dirección alguna para enviarle las notificaciones y la segunda con domicilio en Mérida, Yucatán contabilizó 50 quejas.

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Recordó que desde el año 2015 iniciaron las reclamaciones con el argumento de violaciones a los consumidores en contra de estos sistemas de autofinanciamiento por incumplimientos en los términos y condiciones de su contrato y en el otorgamiento de los préstamos, el consumidor hizo aportaciones de manera periódica y nunca le fue otorgado el préstamo.

“Al principio tuvimos muy buen comportamiento por parte de los dos proveedores, de hecho el 50 % de las reclamaciones se concilió con el procedimiento inmediato, pero aproximadamente hace tres meses nos percatamos que el establecimiento denominado Construremo del Sureste cerró su establecimiento”.

Agregó que esta situación provocó inconvenientes en cuanto a la celebración de los convenios porque no han logrado ubicar la empresa, por lo que ya existen 27 procedimientos iniciados con imposición de sanción en su contra y cumpla con el resarcimiento del daño al consumidor.

Empresa internacional Capital Center

Rodríguez Pedraza señaló que a la empresa Internacional Capital Center (ICC) se le colocó por segunda ocasión sello de suspensión por lo que el establecimiento cerró las oficinas ubicadas en el centro de la ciudad, pero se localizó un domicilio fiscal en la ciudad de Mérida donde hacen llegar las notificaciones correspondientes, vía exhorto por lo que el trámite tarda un poco más.

La Profeco ha recuperado aproximadamente medio millón de pesos en el reembolso de pago derivado al monto de créditos realizados en el desagravio del daño para la parte consumidora.