Jorge Carrillo/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Funcionarios de los tres niveles de gobierno, arropados por la suspensión de propaganda gubernamental que establece la Ley Electoral de Quintana Roo, niegan cualquier tipo de información a medios de comunicación, con lo que violan leyes estatales y federales en materia de transparencia y acceso a la información pública; las dependencias que incurrieron en la práctica son la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema); Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Como se informó anteriormente, a partir del 13 de mayo pasado inició la suspensión de la propaganda gubernamental tal y cómo lo establece la Ley Electoral en su artículo 137 tercer párrafo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41 apartado C, que data de la reforma electoral aprobada en 2007 y que desde entonces ha sido controvertida, ya que en el ánimo de garantizar equidad entre las fuerzas políticas contendientes en los procesos electorales se viola el derecho de mantener informados a los ciudadanos sobre las acciones que realizan.

De acuerdo con la dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), la norma en ningún momento establece la inmovilidad del aparato gubernamental en cualquiera de sus esferas, así como tampoco establece que los medios de información deben dejar de informar respecto a la actividad de gobierno, sino que se limita a la no promoción pagada de obras y acciones.

Agregó que incluso se establecen algunas excepciones tales como: Protección Civil, Salud, Educación, Cultura y Turismo.

Además, algunos titulares y funcionarios de dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco), han negado proporcionar información sobre las quejas interpuestas contra la CFE en abril; la Conagua, sobre la calidad del agua en pozos que se pretenden construir en la zona limítrofe de Quintana Roo con Campeche; la Sema, sobre el Programa de Verificación Vehicular; y las autoridades de la Aduana quienes se negaron a informar sobre las quejas ciudadanas respecto a los altos impuestos que tienen que pagar por importar de la zona libre por productos básicos.