20 de Octubre de 2018

Chetumal

Cesan al contralor del tribunal electoral por incompetente

El ex funcionario público violó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Teqroo.

José Antonio Barón Aguilar fue removido de su cargo por orden del Congreso estatal. (Harold Alcocer/SIPSE)
José Antonio Barón Aguilar fue removido de su cargo por orden del Congreso estatal. (Harold Alcocer/SIPSE)
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Jorge Carrillo/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Por haber incumplido con sus responsabilidades como funcionario público al violar diversas disposiciones del artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), el Congreso estatal revocó de su cargo como contralor del órgano jurisdiccional a José Antonio Barón Aguilar.

La diputación permanente resolvió la demanda de incompetencia interpuesta en abril pasado por la abogada Gabriela Rojo Castillo.

La Comisión Permanente del Legislativo sesionó ayer para dar lectura al dictamen que realizó la comisión especial y temporal de investigación de dicha denuncia encabezada por el diputado Jorge Aguilar Cheluja, quien determinó la responsabilidad de las acusaciones en contra del servidor público desde el pasado martes.

La legisladora Patricia Sánchez Carrillo dio lectura al acuerdo ante los diputados integrantes de la diputación permanente y estableció que la resolución contiene de manera concreta los elementos jurídicos que permiten identificar que en efecto, existe responsabilidad en el incumplimiento de la función que el contralor interno del Teqroo, con base en aspectos como el no informar al pleno del Tribunal Electoral sobre el Programa Anual de Auditoría Interna, lo que quedó demostrado porque a partir de su nombramiento en 2009 a la fecha, no se ha acreditado alguna presentación de ese tipo.

“No existió evidencia alguna que predijera que al concluir el contralor interno del Teqroo dio cumplimiento a la fracción Segunda del artículo 52 de la Ley orgánica consistente en ordenar el Programa anual de auditoría interna”, señala el acuerdo.

Asimismo, a lo anterior se agrega que el funcionario no publicó en la página de Internet las actividades que la normatividad le exige, así como en el Periódico Oficial del Estado, por lo que la actuación por parte de su titular carece de sustento, legalidad y certidumbre jurídica al no hacerlas del conocimiento público.

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